Un juzgado de Santander ha propuesto sentar en el banquillo a dos jóvenes, Miguel Toribio y René Odriozola, por el ataque con artefactos explosivos perpetrado en 2025 contra la sede del PSOE de Santander durante la celebración de una conferencia sobre memoria democrática, a la que asistían más de medio centenar de personas. La magistrada Mercedes Compostizo ha decidido dar esta paso tras concluir que ya existen suficientes indicios de que, movidos por su ideología “radical”, concibieron y ejecutaron el plan contra los socialistas. La investigación policial ha vinculado a ambos con el atentado y con La Falange. Uno de ellos es hijo de una alcaldesa del PP de un pueblo de Cantabria. El PSOE pide que se les condene a 14 años y 9 meses de prisión.

A través de una resolución dictada el 17 de junio, la magistrada aprecia delitos de fabricación de explosivos, alteración del derecho de reunión en grado de tentativa y lesiones. El partido de izquierdas, que ejerce la acusación, amplía la lista a otro delito de odio y otro de atentado contra la autoridad.

El ataque comenzó a las 19.15 del 25 de abril de 2025. La jueza detalla que, en ese momento, René Odriozola entró encapuchado a la sede del PSOE de Santander, donde se estaba celebrando una conferencia sobre memoria democrática. Los socialistas habían organizado un acto para explicar “el alcance y las razones del cambio” de nombre de varias calles de la ciudad en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Y medio centenar de personas se habían sumado a la cita, incluidos varios concejales; Pedro Casares, secretario general del partido en Cantabria, entonces diputado y actual delegado del Gobierno en la comunidad; y Zoraida Hijosa, directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Según el relato de la magistrada, René Odriozola se adentró en la sala y, entonces, “arrojó” dos garrafas detrás de la silla de una de las asistentes —una de 1,5 litros y otra de 6—. Las botellas contenían sendos artefactos explosivos caseros (“tipo MacGyver”), fabricados con una mezcla de aluminio metálico y ácido clorhídrico, que fueron activados desde el exterior “unos 25 segundos” después de que el asaltante los depositase en el suelo y se diese a la fuga a todo correr. La reacción de ambos componentes genera tricloruro de aluminio y gas hidrógeno. “Y si se realiza en un recipiente hermético, este puede reventar”, incide un informe de la Policía Científica, que participó en las pesquisas.

El PSOE, que ejerce la acusación, hace especial hincapié en el grave “daño” que los procesados querían provocar a los presentes en la conferencia. “El ácido clorhídrico es una sustancia muy corrosiva, capaz de provocar lesiones en la piel y en los ojos; e irritar las vías respiratorias [con] los gases y vapores que emanan del mismo”, ahonda la magistrada. Sin embargo, la rapidísima intervención de una asistente lo evitó: agarró las botellas y las sacó fuera de la sede, donde explotaron —aunque ella sufrió después lesiones psicológicas y requirió tratamiento médico—. “De no haber mediado la rápida intervención de la misma y la serenidad de los responsables del acto, la explosión, producida en un local concurrido, habría generado una situación de pánico colectivo, con riesgo cierto de avalancha o estampida entre los asistentes, extremo que únicamente no se materializó por causas ajenas a la voluntad de los autores”, resalta el escrito de acusación.

Las indagaciones condujeron a los agentes hasta Odriozola y Toribio, que actuaron “de común acuerdo”, según concluye el sumario. El auto de procesamiento subraya que el segundo investigó “cómo elaborar el compuesto” para los explosivos, y se encargó del traslado del material. Como pruebas contra ellos, la magistrada enumera sus propias declaraciones; las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un hotel cercano (“donde se observa cómo llevan unas bolsas, en cuyo interior portan los compuestos necesarios para la preparación de los dos artefactos antes de tirarlos en el interior de la sede del PSOE”); y el posicionamiento de sus teléfonos móviles, que los sitúa en las “inmediaciones” del local socialista “en los momentos previos a la comisión de los hechos”.

Además, tanto para la jueza como para el PSOE, la motivación es evidente: ideológica. En una de las garrafas había una nota manuscrita que rezaba así: “Frente a mentiras revanchistas, PSOE satanás”. “No constituía un mensaje dirigido en exclusiva a los directamente presentes en la sala, sino un texto concebido para ser hallado y difundido tras la acción”, apunta el escrito de acusación del partido. “[Odriozola y Toribio] formarían parte, según resulta de las investigaciones policiales, de un grupo de jóvenes con ideología radical contraria al PSOE, concretamente los que formarían parte de La Falange”, destaca la magistrada.

Cuando se produjo este ataque, el PSOE recalcó que este “atentado” elevaba la “violencia” del acoso ultra que padece desde el inicio de la legislatura, que ha incluido, entre otras acciones, múltiples actos vandálicos contra sus sedes, ciberataques contra el partido y una ola de protestas de extrema derecha ante el cuartel general de los socialistas en la madrileña calle de Ferraz, donde se llegó a apalear un muñeco que representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre gritos de “Uno, dos, tres, colgadlo de los pies” o “hay que quemar Ferraz”. “Frente a la violencia y el odio, responderemos con memoria, respeto y justicia. El PSOE seguirá reivindicando el derecho a recordar y honrar a quienes lucharon por la democracia. Un abrazo a los compañeros y compañeras del PSOE de Cantabria”, tuiteó Sánchez tras el lanzamiento de los artefactos explosivos en Santander.