R. Ruiz / E. López

Madrid – El flujo de pateras desde las costas marroquíes hasta Andalucía no
se ha cortado en todo el año, pero se había relajado. Las mafias han
aprovechado que en los últimos meses la atención y la vigilancia se ha
centrado en Canarias para buscar resquicios de entrada a España. El
volumen de embarcaciones que ha llegado a las costas granadinas o
almerienses constata que se han recuperado viejas rutas para el traslado
de inmigrantes desde Tánger u Orán (Argelia) hasta las playas andaluzas,
según informaron fuentes policiales.
En los último dos días han
arribado 19 pateras a Almería con casi 200 inmigrantes, todos de origen
marroquí, aprovechando las buenas condiciones marítimas. Otros 66
compatriotas, 20 de ellos menores, llegaban en la noche de ayer al puerto
de Motril (Granada) después de ser interceptada la zódiac con la que
trataban de alcanzar la costa. Horas después, la Junta de Andalucía
anunciaba que la capacidad de acogida de los centros de menores se
encontraba «al límite». El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, se
apresuraba a pedir un plan de emergencia por la «llegada masiva» de «sin
papeles» a las costas andaluzas porque «ayer estábamos viviendo la misma
situación que Canarias».
En los primeros nueve meses del
año, Granada ha recibido casi 600 inmigrantes, frente a los 2.678 de 2005,
pero bien es cierto que en Almería la situación ha cambiado a peor. El año
pasado recepcionó a 1.853, pero en lo que llevamos de año ha sido el punto
de destino de más de 2.200 indocumentados.
No obstante, la
Policía cree que el aumento de llegadas a Andalucía «no se va a mantener.
El control marroquí ha sido patente porque, además, han recibido de España
vehículos y medios tecnológicos para controlar las grandes salidas». Las
mismas fuentes explicaron que «los inmigrantes siguen viniendo a España
porque es el país que más ventajas sociales ofrece».
En Europa, la inmigración se ha convertido también en un asunto
central. Los Veinticinco quieren que no se repita una situación como la
que llevó al Gobierno español a regularizar a más de 500.000 inmigrantes
sin contar con sus socios europeos. Por eso, el próximo 5 de octubre, los
ministros de Justicia e Interior de la UE adoptarán un mecanismo que
obligará a los Estados a informar al resto de países de cualquier medida
que adopten en materia de inmigración y asilo.
El documento a
aprobar demanda «la instauración de un sistema de información mutua entre
los responsables de las políticas de inmigración y asilo de los Estados».
Alemania y la Comisión Europea realizaron esa petición el pasado abril,
cuando consideraron que la regularización masiva de «sin papeles» en
España no sólo afectaba al país en cuestión, sino al conjunto de la UE. El
portavoz europeo de Justicia, Friso Roscam Abbing, señaló ayer que el
sistema de información mutua no impondrá a los países cambiar su parecer
en políticas de inmigración, pero sí permitirá «una discusión previa».
Roscam Abbing anunció también que el Ejecutivo comunitario cofinanciará,
con unos 1,5 millones, tres proyectos para hacer frente a la inmigración
ilegal en Canarias. Para unir esfuerzos financieros se ha creado el Grupo
de Alto Nivel sobre Inmigración, que celebró ayer su primera reunión.