El Ararteko advirtió ayer al Departamento de Seguridad de Lakua de que la publicación del origen de las personas detenidas, así como de las víctimas, debería limitarse a aquellos supuestos en los que el conocimiento de la procedencia «sea esencial para contextualizar una información importante o con relevancia pública, por ser de interés general, bien cuando su publicación sea pertinente para la lucha contra los estereotipos y la estigmatización o bien cuando coadyuve a otros fines legítimos, tales como la lucha contra los bulos o el fomento de la calidad de la información en una sociedad democrática».

Así lo indicó la oficina dirigida por Mikel Mancisidor en una extensa resolución, en la que incide en que «el interés en la divulgación del dato de origen no es necesariamente un interés público siempre superior al de la obligación del Departamento de evitar prejuicios y estigmas derivados de asociar un concreto origen con determinados delitos».

Además, subraya que la publicación del origen en las notas de prensa «también exige tener presente el uso mediático que los destinatarios de la nota pudieran hacer del mismo», por lo que, a juicio de esta institución, solo debería darse «si es fundamental para entender la cuestión central de una actuación policial o alguno de sus aspectos más destacados y contribuye a aportar a sus destinatarios la comprensión de la noticia transmitida en su debido contexto».

«El Ararteko reitera la necesidad de una reflexión a la hora de decidir facilitar el dato de origen, a fin de que sus consecuencias, como transmitir una imagen negativa de la población de origen extranjero al vincular el origen con la criminalidad, resulten adecuadas y proporcionadas al fin legítimo que persigue; esto es, esa publicación debe superar un juicio de proporcionalidad sobre la relación existente entre la finalidad pretendida y los resultados que previsiblemente se vayan a producir», añade antes de citar las recomendaciones incluidas en el informe “Discriminación y políticas públicas antidiscriminatorias en la CAE”, de 2023.

El documento alerta de la «atención creciente» a los discursos de odio, sobre los que se sustentan «los estereotiopos, los prejuicios y los rumores». Y afirma que los medios de comunicación, «en ocasiones, ponen el énfasis de la información en cuestiones problemáticas, parciales y estigmatizantes focalizando en determinadas actuaciones abusivas o delictivas y atribuyéndolas a miembros de colectivos vulnerables, lo que tiene un efecto catalizador negativo en la opinión pública y en las redes sociales, sobre todo si afecta al discurso público, lo que legitima opiniones que alimentan las conductas discriminatorias, sectarias y excluyentes». Añade que «las posibilidades que ofrece internet han multiplicado el eco de estos discursos por lo que, entre los grandes retos que debe enfrentar la promoción de la igualdad está el de alcanzar una delimitación adecuada del derecho fundamental a la libertad de expresión estableciendo los límites legales y éticos para su ejercicio y fomentando, paralelamente, un pensamiento crítico que cuestione contenidos y valoraciones discriminatorios que se difunden en diferentes medios y redes sociales».

De hecho, en el informe de 2023, el Ararteko propuso la creación de un Consejo Autodiovisual, una herramienta planteada por EH Bildu dos años antes, en 2021, y rechazada por PNV, PSE, PP y Vox en el Parlamento de Gasteiz.

PRESIÓN DE PP Y VOX
Cabe señalar que la resolución publicada ayer por el Ararteko recoge la respuesta dada por el Gobierno autonómico al expediente de oficio iniciado el pasado otoño. Lakua reconoce la «exigencia insistente y continua» por parte de «algunas formaciones políticas», en clara alusión a PP y Vox, de «facilitar al Parlamento información detallada sobre la nacio- nalidad de las personas presuntamente detenidas o investigadas». Una información sensible que era remitida por estas formaciones a «determinados medios de comunicación».

Paradójicamente, el Departamento de Bingen Zupiria, que da cuenta de una «tensión política e informativa, nada pacífica», considera que ceder ante la presión y «facilitar directamente» el origen de los detenidos a los medios «es una forma de actuar con transparencia y garantizar el derecho a la libre información en una cuestión de gran impacto social». «Lo hacemos desde el convencimiento de que facilitar esta información evitará la estigmatización de determinadas comunidades y nos obligará a todas y todos, especialmente instituciones, profesio- nales de la información y medios de comunicación, a hacer un uso responsable de estos datos y reforzar nuestro compromiso para evitar el racismo y la criminalización de muchos de quienes han decidido venir a vivir y a encontrar un futuro mejor en Euskadi», asevera. Y hace hincapié en que «se emplean categorías geográficas amplias para evitar señalar países concretos y minimizar riesgos de estigma», como si informar en las notas de la detención de magrebíes o sudamericanos no implique un estigma.

Ante esta posición, el Ararteko remarca que la Administración «no solo debe proteger a las personas contra las acciones u omisiones de terceros, sino que ella misma está obligada a eludir cualquier factor que contribuya a relacionar la delincuencia con determinadas nacionalidades u orígenes y a generar prejuicios, estereotipos y exclusión social hacia determinados grupos».