El PP y Vox aprobarán este miércoles los presupuestos de la Generalitat valenciana de 2026, los primeros con Juanfran Pérez Llorca al frente del Gobierno autonómico. Las cuentas están listas para el debate en un pleno que empezará el martes en las Cortes Valencianas y… terminará la jornada siguiente con la votación.

Pese a que «son números», como esgrimió en su presentación hace unas semanas el Ejecutivo del PP, sí ha tenido cabida la ‘prioridad nacional’ que Vox viene reclamando en sus pactos en otros territorios y que ya incorporó, aunque no de forma literal como ahora y sin tanto ruido, entre sus exigencias para aprobar los presupuestos de Carlos Mazón en 2025.

El trámite de enmiendas ha sido el vehículo que los de Santiago Abascal han usado para imprimir su marca al proyecto de ley tardío. De hecho, el PP solo se ha plantado respecto a los recortes que querían acometer en la partida de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, un órgano estatutario.

En todas las ayudas sociales incluyendo las incorporadas para facilitar la crianza y manutención de los hijos y en el acceso a la vivienda pública se incorpora «el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunidad Valenciana, con el objetivo de asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante a la región».

«Este principio supondrá el establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio, la vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema, y la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital», reza una de las enmiendas aprobadas.

Eso incluye, además, extender el plazo mínimo de residencia para solicitar la Renta Valenciana de Inclusión el equivalente autonómico al Ingreso Mínimo Vital de uno a tres años.
El concepto resumido por los cargos de Vox como «los españoles primero» acaba trasladándose al texto como una versión más dura del arraigo y con referencias a la legalidad vigente, precisamente, para bordear el veto que la Constitución hace a la discriminación y su mención expresa a la igualdad entre los individuos.

No obstante, el Gobierno central ya ha anunciado que recurrirá los presupuestos ante el Constitucional por «convertir la discriminación en ley». Será la quinta norma tras la de costas y concordia, y la modificación de la de puertos y trans que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva al órgano de garantías constitucionales. La ministra y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, acusa a los socios parlamentarios de imponer «una prioridad racista y xenófoba» y de querer «una sociedad franquista y en blanco y negro».

La Generalitat discrepa. «Prioridad nacional, a mi juicio, son dos palabras que, en realidad, lo que introducen es un discurso, un debate falaz. Prioridad nacional no es más allá de lo que prevé la Constitución, y si nos vamos al título segundo, empezando por el artículo 14 y terminando por el 47, regula el derecho a la vivienda y establece que los españoles tienen derecho a la vivienda», expuso este viernes el vicepresidente segundo, José Díez.

La propia Constitución, aseveró, «contempla aquellos supuestos en que los españoles tienen unos derechos que distinguen del resto, de todas las personas que puedan estar o vivir en España». Apuntó, además, al «criterio de arraigo, el que viene estableciéndose en las distintas Administraciones desde siempre». En cualquier caso, el argumento del Gobierno valenciano es claro: Llorca tendrá los presupuestos que Sánchez no aprueba desde 2023.

Estudio sobre inmigración y delincuencia
Pero la batería de enmiendas una vez rechazadas todas las del PSPV-PSOE y Compromís aprobadas por el PP y Vox incluyen otros asuntos, sobre todo en materia de inmigración. La Oficina Valenciana de Inclusión pasa a ser la Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno. Sus 915.000 euros se destinarán a «dar soporte a entidades que impulsen programas, guías y actuaciones dirigidas a fomentar el retorno voluntario a los países de origen de las personas migrantes».

En la misma línea, de la partida de 110.000 euros para financiar el funcionamiento de Cruz Roja en las tres provincias, se restan 10.000 para realizar un estudio sobre «las nuevas realidades delincuenciales derivadas de los cambios sociodemográficos provocados por la inmigración en la Comunitat Valenciana y sus afectaciones a la seguridad pública».

Otras medidas

Se reserva medio millón de euros a recuperar las viviendas públicas ocupadas ilegalmente y la misma cuantía a ayudas a las víctimas

Asimismo, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias incluye ahora entre sus objetivos el refuerzo de la prevención y control de la delincuencia «vinculada a los cambios sociodemográficos y a a la concentración poblacional en entorno urbanos», así como el «refuerzo del control administrativo y policial sobre el uso irregular de la vivienda, incluyendo el fraude padronal, la ocupación ilegal y la sobreocupación».

En paralelo, se reserva medio millón de euros a recuperar las viviendas públicas ocupadas ilegalmente y la misma cuantía a ayudas «destinadas a la reparación económica de los daños sufridos» por víctimas de ocupación.

Las cuentas cumplen otra de las exigencias de Vox aunque dejan fuera a la patronal y recortan 50.000 euros a UGT y otros tantos a CC.OO. en concepto de ayudas directas para la elaboración de planes de igualdad. Con ese dinero se creará una nueva línea para el fomento del empleo en municipios en riesgo de despoblación.