M. GALLEGO
NACIONES UNIDAS. La friolera de 40 reuniones bilaterales y 8 multilaterales, además de un sinfín de actos protocolarios, componen la agenda del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, durante los cuatro días que pasará en la 61 Asamblea General de la ONU. La ristra de países con cuyos cancilleres se reunirá puede agruparse en torno a dos grandes ejes: la inmigración y el conflicto de Oriente Próximo.
«El gran reto que tiene esta Asamblea General es dar una señal política y clara de que Oriente Próximo tiene solución diplomática, y de que vamos a alcanzar esa solución definitiva a partir de esta Asamblea General», afirmó.
Moratinos espera que se produzca un relanzamiento del proceso de paz en el que el Cuarteto UE, Estados Unidos, ONU y Rusia siga teniendo validez, porque a su juicio lo que se ha quedado obsoleto son «las propuestas, las iniciativas y el compromiso político», no el instrumento. «Queremos salir del estancamiento, de la crisis, de la violencia y mirar hacia la diplomacia». Este objetivo dependerá en buena parte del resultado de la reunión sobre el tema que mantendrá el Consejo de Seguridad, donde se espera obtener una declaración presidencial «que mande una señal tangible del compromiso político de toda la comunidad internacional».
Diálogo subsahariano
Para resolver el problema de la inmigración, «que nos preocupa a todos los españoles», Moratinos tiene previsto reunirse con los principales actores e interlocutores esenciales en el diálogo subsahariano con España, como el presidente de Senegal y los cancilleres de Gambia, Guinea Bissau «y todos aquellos que tienen que colaborar y cooperar con España para hacer frente al fenómeno migratorio», explicó.
El terrorismo también tendrá un papel predominante, con el lanzamiento ayer de la denominada Estrategia Global Contra el Terrorismo de Naciones Unidas, desarrollada a raíz de la cumbre sobre terrorismo celebrada en Madrid el año pasado. En ella se establecen los mecanismos para que la organización resulte más eficaz a la hora de convertir esa lucha en su prioridad, y la enmarca dentro del «límite infranqueable» de los derechos humanos y la protección de las víctimas del terrorismo.