Durante la previa del partido Francia – España del martes pasado, Mariano Rajoy firmó un artículo que desataba la polémica al manifestar que Francia “tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”. El Elíseo calificó de “estupidez o racismo” la afirmación del expresidente español, realizada el día anterior a la Fiesta Nacional del país vecino, el 14 de julio.

En 1998 Francia albergaba por primera vez una Copa del Mundo. En aquel mundial no solo celebró su primera estrella en la camiseta, sino también el éxito de un país plural, más allá de lo futbolístico. Su selección, como la actual, estaba formada por jugadores con variedad de orígenes étnicos y culturales. Era un equipo black, blanc, beur (negro, blanco, árabe), popular lema acuñado durante el campeonato, que simbolizó la reconciliación entre Francia y su pluralidad. Veintiocho años después, una nueva generación de jugadores ha vuelto a trascender lo futbolístico para ser reivindicados como los franceses que son.

¿Quién ha sido históricamente ciudadano francés? Antes de la Revolución francesa, en el país imperaba el Antiguo Régimen, sistema que reservaba el poder absoluto al rey y que relegaba al pueblo a ser súbditos de este. Con el proceso iniciado en 1789, la soberanía dejó de pertenecerle al rey para pasar a la nación y se impuso el concepto de ciudadanía. Ser ciudadano francés tenía que ver con formar parte de una comunidad política.

La Constitución de 1791 reconoció como francés a todo aquel nacido en el país, aunque diferenciaba entre los ciudadanos “activos” y los “pasivos”: establecía un sufragio censitario donde eran los del primer grupo los únicos con derecho a voto. Para reconocer a alguien extranjero como ciudadano, tenía que haber residido en el país durante, como mínimo, cinco años continuos.

Su sucesora, la Constitución de 1793, destacó por su cosmopolitismo. No diferenciaba entre niveles de ciudadanos: todo hombre de nacionalidad francesa tenía derecho a voto. Afirmarse como francés era un proceso más sencillo, solo un año de residencia era necesario, y pasaba a ser inmediato si se adoptaba un hijo, se casaba con un francés o incluso si se demostraban sentimientos hacia la causa revolucionaria.

Era, en la práctica, la definición del ius soli, el derecho de suelo, que concede a alguien la nacionalidad por el simple hecho de haber nacido en un territorio. Resultaba coherente con la idea de que la nación era para ciudadanos libres e iguales, y no una comunidad definida por el origen familiar. Sin embargo, este modelo convivió con años de inestabilidad política y varios cambios constitucionales que impidieron consolidar un marco jurídico sobre la cuestión. El Código Civil de Napoleón Bonaparte de 1804 redefinió quién era francés.

Napoleón rompió con las ideas revolucionarias de la Constitución y volvió a poner el peso en la sangre. La nacionalidad se fundamentaría en el ius sanguinis, el derecho de sangre. Se transmitía por vía paterna. Así, un hijo era francés si su padre lo era, naciera donde naciera, pero uno nacido en Francia de un extranjero no obtenía la nacionalidad de forma automática, la tenía que reclamar en su mayoría de edad. Volvió a ser un proceso exigente, que obligaba a diez años de residencia previos al trámite, además de anularse las facilidades para aquellos que tenían trabajo, cónyuge local o adhesión a la causa republicana. Este Código Civil se convirtió en la base jurídica que, con reformas sucesivas, sigue vigente en el país.

En 1851 se amplió el derecho a la ciudadanía: aquellos nacidos en Francia de padres extranjeros ya nacidos en el país, serían declarados franceses de forma automática. En 1889 se vuelve a complementar con una nueva ley por la que se atribuía la nacionalidad a todo aquel nacido en el país aún con padres extranjeros nacidos fuera de él.

Ya en el siglo XX, bajo la Tercera República, el derecho a la nacionalidad vuelve a sufrir cambios. Antes de 1927, cuando una mujer francesa se casaba con un extranjero perdía su nacionalidad y adoptaba la de su esposo, de forma que, para sus hijos, ambos progenitores eran extranjeros. La reforma de la ley de 1927 permitió que la mujer casada conservara su ciudadanía, lo que a su vez hizo posible que se la transmitiera a sus hijos nacidos dentro del país. Además, se redujo de diez a tres años el tiempo de residencia exigido para naturalizarse. Estas medidas se tomaron para responder directamente a la falta de mano de obra que sufría el país tras perder a más de un millón de hombres en la Primera Guerra Mundial.

Tras la Segunda Guerra Mundial, una vez que el gobierno provisional de Charles de Gaulle derogó las revocaciones de nacionalidad impuestas por el régimen de Vichy, se creó el Código de la Nacionalidad Francesa en 1945. Este consagró el ius sanguinis y el ius soli como principios equivalentes: los dos tenían el mismo peso legal a la hora de atribuir la nacionalidad de origen.

En 1973, ya en el contexto de la V República, se legaliza la doble nacionalidad, y un francés que adquiere voluntariamente otra ya no pierde automáticamente la suya.

Hoy en día, ser francés depende de varias vías que conviven en el Código Civil. Sigue vigente, y como vía principal, el derecho de sangre, es decir, que basta con que uno de los padres sea francés para que el hijo lo sea también. Después está el doble derecho de suelo: con que el padre o la madre hayan nacido en Francia, el hijo nacido allí ya es francés de origen. También se da el derecho de suelo simple, que no es automático al nacer: alguien nacido en Francia de padres extranjeros se convierte en francés a los 18 años, siempre que haya residido en el país de forma continuada al menos cinco años desde los once.

Y para quien no encaja en ninguno de estos escenarios, queda la nacionalización. La regla general demanda una residencia previa de cinco años, aunque se reduce a dos si se han cursado estudios superiores en el país o se acreditan méritos excepcionales, y a cuatro si se tiene un cónyuge francés. En todos los casos se exige nivel de idioma, además de demostrar ausencia de antecedentes penales y pasar una entrevista de integración. Aun así, la Administración se reserva el derecho discrecional en la decisión final de nacionalizar o no a un nuevo ciudadano.