El Gobierno de Canarias ha solicitado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada este jueves en Madrid, que se amplíe hasta los 100 millones de euros la cuantía destinada a atender a los menores migrantes que llegan a las islas.

En la reunión se acordó el reparto de 35 millones de euros para la acogida de los niños y niñas en las distintas regiones (4 millones le corresponden a Canarias). A ella no acudieron los consejeros de Vox de Castilla y León, Aragón y Extremadura, mientras que Murcia se abstuvo.

Así, el archipiélago solicitó que se incrementara esa financiación y que se «volvieran a poner sobre la mesa» los 100 millones de euros que se inyectaron el año pasado para echar a andar la maquinaria contemplada en la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que hizo obligatoria la distribución de los niños y niñas que llegan a territorios en contingencia migratoria, como es el caso del archipiélago. A dicha petición se unieron todas las comunidades autónomas.

Así lo trasladó la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, una vez finalizó la reunión. Recordó que las islas «siguen cumpliendo» los indicadores para estar en contingencia migratoria. En la actualidad, el archipiélago acoge en torno a 3.600 niños y niñas, mientras que su capacidad ordinaria está establecida en 783 plazas.

La respuesta del Estado, explicó la consejera, es que, en la actualidad, al no contar con Presupuestos Generales, esa petición «no podría responderse», si bien, Delgado aludió a la ampliación de la financiación en Dependencia, que sí se pudo llevar a cabo por parte del Ministerio de Derechos Sociales a pesar de que no estaba recogido en la ley de presupuestos de 2023.

La consejera de Bienestar Social cifró en 900 los traslados que se han llevado a cabo desde que se decretara la situación de contingencia migratoria el 29 de agosto del año pasado. A ello se suma que algunos de los chicos y chicas acogidos por el archipiélago han cumplido la mayoría de edad, por lo que ya han dejado de estar bajo la tutela del Ejecutivo autonómico.

Durante la reunión con las comunidades y el Estado, Delgado insistió en conocer más detalles sobre la aplicación del nuevo pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea y de qué forma se va a actuar en «en defensa de los intereses de los menores migrantes no acompañados». Estas cuestiones se esclarecerán, en principio, la próxima semana en una conferencia sectorial específica para esta temática.

Precisamente, el texto contempla la figura del defensor de los derechos del menor, que tiene que estar presente en el momento en el que los chicos y chicas llegan a las costas del archipiélago. No obstante, aún «no se ha dilucidado quién va a ser esa figura». Como recordó la consejera, desde el Estado ya se estaban manteniendo conversaciones con el Consejo General de la Abogacía al entender que estas funciones se podían desempeñar a través de la justicia gratuita. No obstante, incidió en que las regiones aún no han sido informadas de cómo se llevará a cabo este mecanismo y quién será el que lo financie.