Fiscalía advierte de la existencia en Navarra de bandas juveniles «potencialmente peligrosas»

Diario de Navarra, 20-09-2006

Fiscalía advierte de la existencia en Navarra de bandas juveniles «potencialmente peligrosas»

El fiscal jefe manifestó en la apertura del año judicial que es el momento de «atajar» el problema

Los cuerpos policiales han mantenido hasta ahora que en Navarra no existen bandas juveniles, que no hay organización interna en los grupos que pueden verse en la Comunidad foral. La percepción del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Javier Muñoz, es distinta después de los casos que se han conocido en la Fiscalía , y así lo señaló ayer durante el acto de apertura del año judicial: en Navarra, aunque prácticamente sólo en Pamplona, existen entre cinco y ocho bandas juveniles organizadas que «no son peligrosas pero sí potencialmente peligrosas», «cuyo objetivo no es cometer delitos» pero que en ocasiones actúan de manera violenta para intimidar a otros jóvenes «como forma de mostrar su poder». Un episodio grave se produjo en julio en Pamplona, cuando seis menores agredieron a dos personas con navajas y cometieron dos robos con intimidación.

LAURA PUY MUGUIRO. PAMPLONA.

En palabras del fiscal jefe, estas bandas juveniles, «con nombres, y de distintos niveles de organización y peligrosidad», las forman sobre todo menores de edad, aunque también hay miembros de entre 18 y 20 años; sus integrantes son fundamentalmente extranjeros; usan armas blancas y pistolas simuladas, y se rigen por unas normas de funcionamiento interno, unos «estatutos escritos».

«Su objetivo no es la comisión de delitos sino autoafirmarse, decir que ellos son más que nadie, manifestar su poder de alguna manera. Entonces, intimidan a otros jóvenes, a los que agreden con palos, puñetazos o navajas si no les imponen su voluntad», expuso el fiscal jefe.

Esta situación se vivió a finales de julio en Pamplona, cuando, en una noche, seis menores de edad de nacionalidad ecuatoriana agredieron con navajas a dos personas y cometieron dos robos con intimidación, «hechos especialmente graves». Situaciones similares se repitieron dos veces en agosto. Los agresores de uno de estos episodios se autodenominaron a la policía como «banda de sangre».

Para el fiscal jefe, no es ésta una situación de riesgo absoluto y en todo momento, pero sí potencial, «y evidentemente algo hay que hacer para que desaparezcan». Sobre este punto, el presidente del TSJN, Juan Manuel Fernández, manifestó que «el porqué de este brote violento en edades tan tempranas exige una profunda reflexión que no puede agotarse en la intensificación de la respuesta penal o en creer que su solución incumbe solamente a las instancias judiciales».

Por eso, añadió el fiscal jefe, el papel de la Policía Municipal «es esencial», y lanzó un «encargo público» a este Cuerpo: «Debe recopilar información, localizar a las bandas, ocuparles los instrumentos o efectos que puedan ser peligrosos, tomar las medidas preventivas de no dejarles reunirse y actuar contra ellas por hechos que puedan ser constitutivos de delito o falta».

También la Fiscalía, y en concreto la de Menores, podrá adoptar medidas: de internamiento, de prohibición para estas bandas de acudir a determinados lugares, de prisión preventiva o «de penas de prisión cuando sean mayores de edad».

Para Muñoz, las causas que motivan la existencia de estas bandas son la desestructuración familiar, «una desatención y falta de cultura cívica, pero no porque la familia lo propicie sino porque está trabajando y no puede ocuparse de los hijos». Fernández, por su parte, manifestó que la comunidad docente «alerta desde hace tiempo de la existencia de signos preocupantes, del deterioro en la convivencia escolar». Y esto, añadió, exige «a los poderes públicos, pero también a las familias, un detenido examen sobre los criterios educativos».

El fiscal jefe se refirió a la duda que había tenido sobre si referirse o no a esta problemática durante el acto de apertura del año judicial. «He decidido que hay que darle publicidad porque la sociedad lo tiene que saber, no hay que ocultárselo, y para que los propios afectados sepan que no se puede actuar de manera gratuita, sino que tienen que someterse a unas normas de conducta, a una sociedad civilizada, a una sociedad con unas reglas que hay que respetar», concluyó.

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