Si hubo una entidad de la Generalitat Valenciana sobre la que se puso el foco en la devastadora dana de 2024, esa fue la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). De hecho, quien la dirigía entonces Emilio Argüeso figura como investigado en la causa. Creado por el anterior gobierno valenciano de izquierdas, el organismo público es el encargado de dar respuesta ante una posible catástrofe o emergencia. Sin embargo, PP y Vox han pactado ahora «reorientar sus prioridades» para incluir entre sus objetivos el «refuerzo de la prevención y control de la delincuencia vinculada a fenómenos migratorios».

Así consta en la enmienda que presentó Vox a los presupuestos de la Generalitat para 2026 y que ha acabado negociando con el PP a cambio de su apoyo a las cuentas. El partido del presidente Juanfran Pérez Llorca ya aceptó incluir por primera vez la referencia expresa a la «prioridad nacional» que le exigía su socio, con lo que se endurecerá el criterio de arraigo para el acceso a una vivienda pública o a una prestación como la renta valenciana de inclusión.

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Sin embargo, el entendimiento entre ambos partidos va más allá y no se limita únicamente al reparto de ayudas sociales. En este sentido, el pacto alcanza a la AVSRE, para cumplir otra de las condiciones que Vox había puesto a Llorca si quería aprobar los que serán sus primeros presupuestos. En este caso, la que tiene que ver con las políticas de inmigración.

Para ello, Vox había pedido ampliar las líneas de actuación de la citada Agencia que, si bien ya tenía por ejemplo entre sus fines la coordinación de los policías locales, su actividad se circunscribía sobre todo al ámbito de las emergencias. A partir de ahora, además del mencionado «control de la delincuencia vinculada a fenómenos migratorios y a la concentración poblacional en entornos urbanos», la AVSRE tendrá entre sus objetivos el «refuerzo del control administrativo y policial sobre el uso irregular de la vivienda». Aquí se incluyen desde el «fraude padronal» a la «ocupación ilegal y sobreocupación».

Y, para llevarlo a cabo, la Agencia tendrá que elaborar protocolos de actuación «ante fenómenos delictivos vinculados a los cambios sociodemográficos» y derivados de la «inmigración masiva», según recoge el texto de Vox. Los de Abascal, de hecho, destacan que su propósito no era otro que enmendar la norma para «que se reconozca el vínculo entre inmigración y seguridad».

Esto permitirá, en la práctica, restar 10.000 euros de una subvención de la AVSRE a la Cruz Roja. El dinero irá ahora al «estudio sobre el impacto de la inmigración en la seguridad y delincuencia», en el que podrán participar desde universidades a think tanks e «institutos criminológicos».

Desacuerdo en la AVL
El debate de las enmiendas en comisión es el paso previo a la aprobación de las cuentas en un pleno que se celebrará en las Cortes Valencianas la próxima semana. La línea roja que ha puesto el PP es la Academia Valenciana de la Lengua (AVL), cuyo presupuesto se ha negado a recortar más a pesar de que era otra de las demandas de Vox. «En unas cosas podremos llegar a acuerdos y en otras no», avisaron los populares. En cualquier caso, el PP de Llorca tiene prácticamente garantizada la aprobación de los terceros y seguramente últimos presupuestos de la legislatura.