Los únicos tres testigos de la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están detenidos en un centro de la agencia a una hora al norte de Houston. Este miércoles, abrieron una vía para evitar la deportación a través de una visa que se otorga a víctimas o testigos de crímenes.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado Harris (HCDAO), que inició el mismo martes una investigación independiente del suceso, confirmó a EL PAÍS que dio su visto bueno en el proceso. “Podemos certificar una petición de Visa U para testigos materiales en cualquier caso pendiente. Eso es lo que esta oficina hizo para los tres testigos en la van”, respondió en un correo la jefa de comunicaciones, Courtney Fischer. Queda en manos de los abogados de inmigración de estos mexicanos introducir las peticiones migratorias para cada uno de ellos.

Los tres pasajeros que iban camino al trabajo en la van junto a Salgado Araujo el 7 de julio de 2026 eran José Trinidad Rojas, de 51; Daniel Tirado Pantoja, de 43; y su hermano, Víctor Salgado, de 44. Los testimonios de estos tres mexicanos son claves para entender la secuencia de hechos que llevó a los agentes del ICE a dispararle a Salgado Araujo, aunque no era el objetivo de la operación en la que estaban. Sus versiones, denunció el abogado Hugo Balderas-Ibarra y la congresista de Texas Sylvia García en días recientes, difieren con las que compartió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con los medios.

En declaraciones juradas y citadas posteriormente en una rueda de prensa el viernes, los inmigrantes desmintieron que alguno de los agentes hubiera estado en peligro de ser atropellado por la van y aseguraron que sus disparos fueron efectuados desde los lados del auto. La verificación oficial de los hechos se complica porque, según informó la congresista demócrata García, los funcionarios del ICE implicados en la operación no llevaban cámaras corporales ni en sus vehículos. Por eso estos tres hombres son fundamentales en la investigación.

Aunque la Oficina del Fiscal haya certificado a Trinidad, Tirado y Salgado como testigos del caso, el proceso que sigue para defender sus casos migratorios puede llegar a ser una carrera burocrática de largo aliento por la dificultad para acceder a las visas U. Esto, en momentos en que el Gobierno impulsa la deportación acelerada de inmigrantes, sin importar sus años de vida en Estados Unidos.

Ronaldo Salgado, hijo de Lorenzo Salgado es consolado por Sylvia Garcia, en Houston, el 8 de julio.
Antranik Tavitian (REUTERS)
La investigación de este caso es crucial no solo para esclarecer la muerte de este padre sin antecedentes criminales y quien tramitaba un permiso de trabajo. También lo es por los cambios que puede generar en la actuación de los agentes del ICE en sus operaciones. Menos de una semana después de su muerte, otro inmigrante de origen colombiano, Johan Sebastián Durán Guerrero, falleció baleado por agentes del ICE en condiciones muy similares a miles de kilómetros de distancia, en Maine.

El mayor cambio que estaban generando estos dos casos es que se había instruido al ICE a suspender las detenciones de inmigrantes con paradas de tránsito. Pero poco después de que se conociera la noticia este miércoles, el presidente Donald Trump reinstauró el uso de esa táctica al calificarla como “una de las herramientas más efectivas en la lucha contra el crimen”.

La Visa U, un proceso de años
La Visa U es un beneficio que se otorga a personas que han sido víctimas, tienen información relevante para resolver un crimen y están dispuestas a colaborar en la investigación con alguna agencia del orden público, incluyendo la fiscalía, cualquier agencia de orden público o un juez. La certificación que dio la fiscalía del condado a Trinidad, Tirado y al hermano de Lorenzo Salgado, Víctor, es apenas el inicio del trámite. “Les da la oportunidad a estas tres personas de aplicar a un recurso legal de inmigración para prevenir la deportación y que puedan mantenerse en el país como testigos”, explica el abogado de inmigración Haim Vásquez. Pero el resto del proceso no es rápido. “Desafortunadamente, las esperas de la Visa U son larguísimas. Pueden demorar sin ser aprobadas cinco, seis, siete años”, Vásquez.

La página de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la agencia a cargo de aprobar estas visas, reconoce los prolongados tiempos de espera para obtener este estatus temporal. Cada año fiscal (del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente) el límite de adjudicaciones es de 10.000 de estas visas y se da prioridad a las peticiones “más antiguas” que —por el atasco de casos— pueden haber sido introducidas desde el año 2017, explica el USCIS.

Vásquez asegura que, según los detalles de cada caso, en la práctica estos testigos podrían quedar detenidos en centros del ICE de forma indefinida. Una vez que las peticiones sean introducidas por el abogado Hugo Balderas-Ibarra, el avance en la aprobación de las visas de estos tres inmigrantes está en manos del USCIS, una agencia federal que depende administrativamente del DHS.

Las miradas también están puestas sobre el abogado Balderas-Ibarra, quien representa a dos de los testigos. Según reportes de medios, enfrenta acusaciones criminales por agresión en cortes de Florida y Texas, que podrían separarlo del caso.

Mientras eso avanza, este jueves la familia se reunirá para velar a Lorenzo Salgado Araujo en una capilla de Houston. David Cruz, director de comunicaciones de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la mayor representante civil de los latinos en el país, dijo a EL PAÍS que el consulado de México buscará que Víctor Salgado pueda estar en el funeral de su hermano. Ni el consulado ni la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmaron esta información.

Las manos sobre las indagaciones
La investigación sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo ha generado fuertes críticas contra las agencias involucradas. La principal, que el DHS no coordinó con la Oficina del Fiscal del Condado Harris la investigación sobre un tiroteo que ocurrió en su jurisdicción, como es el protocolo seguido en el pasado.

Protesta fuera del Ayuntamiento de Houston, el 11 de julio.
Lekan Oyekanmi (AP Photo/Lekan Oyekanmi)
“Históricamente, la HCDAO ha coordinado acciones con investigadores federales en indagaciones previas sobre tiroteos en los que un agente del orden disparó contra un civil”, explicó Fischer. En esta ocasión, precisó que “no fueron convocados al lugar de los hechos (…) tras el tiroteo en el que resultó herido Lorenzo Salgado Araujo”. Sin embargo, el fiscal de esta oficina, Sean Teare, señaló el viernes que sus funcionarios han recabado evidencias para presentarlas ante la corte que sea competente.

Hasta ese momento, las únicas agencias a cargo eran federales: el Buró Federal de Investigaciones (FBI), indagando sobre la “potencial agresión a un agente”; y una oficina del DHS a cargo de la operación en la que murió Salcedo. El Instituto de Ciencias Forenses del condado Harris precisó a este diario que la muerte de Lorenzo Salgado Araujo fue calificada como “homicidio” y que la causa fue una “herida penetrante por arma de fuego en el torso”.

A una semana de la muerte de este padre de 52 años, bajo presión de la comunidad por su inacción para llevar a cabo una investigación independiente y transparente y luego de una acalorada sesión en el Consejo de la ciudad el martes, el alcalde de Houston, John Whitmire, dio el primer paso al frente. Su jefe de policía, Noe Díaz, envió una carta al director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Freeman Martin, pidiendo que los Texas Rangers investiguen el tiroteo.

Como resultado —y ya cuando la escena del tiroteo no existe y se llenó de flores y velas para honrar a Salgado— el gobernador del Estado, Greg Abbott, anunció que los Texas Rangers “estarán involucrados en una investigación” junto a funcionarios del gobierno federal.

“No queremos ver a personas disparadas. Punto”, dijo Abbott, en sus primeras palabras sobre el tiroteo que ocurrió hace una semana. “Espero plenamente que se apliquen nuestras leyes de inmigración, pero está demostrado que es posible hacerlo y que se puede frenar la inmigración ilegal a través de nuestra frontera sin disparar a la gente”.