MADRID. El Gobierno no quiere embarcarse en una gran reforma de la Ley de Extranjería y sólo está dispuesto a hacer «ajustes de carácter técnico» al texto si cuenta con un amplio consenso en el Parlamento. La vicepresidenta comenzará en breve una ronda de contactos con los diferentes partidos para sondear el ambiente sobre un posible pacto de Estado sobre la Inmigración, aunque apenas hay propuestas concretas de reformas.

Los responsables de extranjería saben que tendrán de frente al PP, que aboga por reformar la legislación para prohibir futuras regularizaciones masivas, una propuesta que ni siquiera se considera en el Gobierno. .

Ayer, Eduardo Zaplana dejó claro que será muy difícil un acuerdo. Tildó de cínico el ofrecimiento para alcanzar un pacto de Estado sobre inmigración y acusó al Gobierno de «querer quitarse el muerto de encima» con un «pacto de silencio».

Facilitar expulsiones

Los técnicos de los ministerios involucrados trabajan ya sobre otras propuestas «menos radicales» que las del PP y dirigidas a hacer esos «ajustes técnicos» que busca el Ejecutivo para el caso de que haya un consenso parlamentario. Entre las ideas está la de facilitar las expulsiones de inmigrantes con la incorporación de una futura directiva de la UE (aún en discusión) y que ampliará el plazo máximo de retención de los inmigrantes irregulares más allá de los 40 días actuales. Un período que los especialistas consideran insuficiente para tramitar la burocracia que conllevan las repatriaciones. Además, se valora la posibilidad de hacer «retoques» en el régimen general, el sistema de legalización no extraordinaria de inmigrantes, que no está siendo tan efectivo como esperaba la Administración. Mejorar el contingente de trabajadores y simplificar las gestiones consulares son otras cuestiones que valoran los responsables de Interior y Trabajo.

Más allá de estos ajustes, hay un hecho que inquieta al Gobierno y que podría obligar a una reforma de la Ley de Extranjería más profunda que la que valora el Ejecutivo. El Constitucional decidirá en breve sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentaron en 2001 contra el actual texto varias comunidades autónomas por la negativa de la ley a reconocer los derechos de asociación, sindicación, huelga y manifestación a los extranjeros clandestinos. Un fallo del alto tribunal contrario al texto obligaría a «abrir un debate mucho más extenso», reconocen fuentes del Ejecutivo. COLPISA