SAN SEBASTIÁN. DV. Las diputaciones de Vizcaya y Álava han advertido de que sus centros de atención a menores inmigrantes están saturados. Por lo tanto, con los recursos actuales no están en disposición de acoger a menores ilegales que llegan a Canarias en cayucos y que han desbordado los servicios sociales de las islas. La Diputación de Gipuzkoa se expresó el miércoles de la semana pasada en el mismo sentido y hoy ofrecerá en una rueda de prensa los últimos datos sobre esta cuestión y explicará si está dispuesta o no a recibir un cupo de menores.

El Gobierno Vasco ha convocado mañana a los responsables forales en esta materia. En el encuentro, informará de los contenidos de la reunión que mantuvo el lunes el Consejo Superior de Políticas de Inmigración, en la que se acordó el reparto entre comunidades autónomas de 500 menores que han llegado a Canarias.

El Gobierno Vasco no respondió a la petición de reparto realizada en el consejo, a la espera de conocer la disposición de las diputaciones, instituciones en las que recae la competencia en la tutela de menores.

A tenor de las declaraciones efectuadas hasta ahora por los responsables forales, los servicios de menores de estas instituciones a día de hoy se encuentran saturadas y, por lo tanto, no podrán participar en el reparto.

El portavoz foral de Gipuzkoa, Koldo Azkoitia, adelantó el miércoles de la semana pasada que el problema en el territorio es importante. «Tenemos 100 menores extranjeros atendidos por la Diputación, de ellos 42 en acogimiento de urgencia en los centros de Urnieta y Tolosa. Se están realizando gestiones para dar respuesta a este sobredimensionamiento del problema».

El portavoz foral explicó que la llegada de menores no acompañados «se ha incrementado sustancialmente y estamos tratando de darles una solución digna. No obstante, hay que tener en cuenta que los recursos y la capacidad de acogida de la Diputación es limitada e incluso está ya sobredimensionada».

Esther Larrañaga y Mari Carmen Marín, diputadas forales para la Política Social y para los Derechos Humanos, respectivamente, explicarán hoy la situación actual y si la institución foral se encuentra en disposición de atender a menores llegados a Canarias.

Gipuzkoa dispone de 191 plazas para la atención de menores, ya sean inmigrantes o no, distribuidas en una veintena de centros y pisos. Hay lista de espera para ingresar en las citadas plazas, aunque la Diputación no ha concretado cuántos menores se encuentran en esta situación. De momento, se les atiende en pensiones.

«Completa saturación»

El diputado vizcaíno de Acción Social, Juan María Aburto, evidenció ayer la situación de «completa saturación» de los centros de atención a inmigrantes menores de edad y reclamó que, al igual que en el caso de Canarias, se distribuya este colectivo por otras comunidades. «Canarias necesita ayuda, pero Vizcaya también», indicó el diputado foral, quien anunció la apertura de un centro «de emergencia» para atender este colectivo en unas «condiciones mínimas» cuando la red ordinaria esté desbordada.

El representante de la Diputación vizcaína calificó de «difícil» la situación. Los servicios forales atienden a 238 menores extranjeros no acompañados, el doble que hace un año. «Vizcaya – dijo el diputado – no puede más» y su capacidad de respuesta «está desbordada».

Entre otras cuestiones, Aburto evidenció el deterioro que sufre el centro de acogida de Amorebieta, escenario de altercados en los últimos meses, y «las serias dificultades» existentes para mantener en condiciones mínimas esta instalación, que acoge a 83 menores cuando su capacidad se limita a 50.

Según señaló, «el cupo» de atención no puede pasar de la actual cifra de menores acogidos en Vizcaya, donde el ente foral destinó en 2005 cerca de 6 millones de euros a atender al colectivo y en 2007 superará los 7 millones.

Aburto vaticinó que «en poco tiempo» la red de menores extranjeros superará a la de menores vizcaínos y se preguntó si la demanda de estos últimos «está siendo adecuadamente atendida».

Según consideró, las mafias «utilizan» a los menores porque «saben que no pueden ser expulsados», lo que supone «algo cercano al tráfico de menores», y no tiene sentido destinar «tantos recursos» a un menor que será expulsado a los 18 años.

Tras mencionar la hipocresía existente en torno a este asunto, Aburto realizó un llamamiento a la sociedad e instituciones, especialmente a los ayuntamientos, para que colaboren y hagan ofertas para la ubicación de centros de acogida ante el «rechazo» que suscitan. Según reconoció, «un centro de acogida saturado es una bomba de relojería».

Oposición vecinal

En cuanto a Álava, la Diputación indicó que no cuenta con servicios adecuados para poder atender «situaciones extraordinarias, como la que supondría la llegada de más menores inmigrantes.

En este sentido, explicaron que hay doce jóvenes procedentes de otros países que llevan tres años viviendo en locales de la Cruz Roja que «no están acondicionados adecuadamente», a la espera de poder encontrarles una mejor ubicación.

La Diputación intenta trasladar dicho servicio a un edificio situado en la aldea de Castillo de Sopeña, en el municipio de Ribera Alta. Una decisión que en los últimos meses ha generado una agria polémica entre los vecinos, que rechazan esta medida.