Las Diputaciones de Vizcaya y Álava advirtieron ayer de que sus centros de atención a menores inmigrantes se encuentran completamente saturados. La Diputación Foral de Gipuzkoa se expresó la semana pasada en el mismo sentido y hoy tiene previsto pronunciarse oficialmente, aportando los datos que maneja sobre esta cuestión y, en su caso, si está dispuesta o no a recibir un cupo de menores inmigrantes. A tenor de los posicionamientos expuestos hasta el momento por parte de las instituciones forales de los tres territorios, cabe deducir que, con los recursos actualmente disponibles, no se dan las condiciones adecuadas para la acogida de un cupo de los menores ilegales llegados a Canarias en cayucos, que ahora mismo desbordan los servicios sociales y asistenciales de las islas.

El problema suscitado por la avalancha de inmigrantes ilegales sobrepasa hoy por hoy cualquier posibilidad de proceder a su acogida en unas condiciones míninamente razonables. Pero en este contexto todavía resulta más grave la situación que padecen los inmigrantes ilegales menores de edad para cuya recepción el Gobierno ha solicitado la colaboración humanitaria de las diferentes comunidades autónomas. En el caso de Euskadi, son las diputaciones forales las instituciones competentes en esta materia y a ellas les corresponde asumir la responsabilidad de acoger o no a un cupo determinado de estos inmigrantes menores de edad. La situación de saturación que se vive en Gipuzkoa, Álava y Vizcaya es muy semejante. En el caso guipuzcoano, existen en la actualidad cien menores extranjeros atendidos por la Diputación, de ellos 42 en acogimiento de urgencia en los centros de Urnieta y Tolosa. La llegada de menores no acompañados se ha incrementado de forma exponencial en los últimos tiempos y la institución foral trabaja con el propósito de proporcionar a estos menores acogidos una solución digna.

El problema es de una extrema complejidad de fondo, pero en la actual coyuntura tiene por encima de todo un trasfondo exclusivamente humanitario. Hay centenares de menores inmigrantes hacinados en Canarias, necesitados de un cobijo y una atención urgentes, que obliga a las tres diputaciones vascas a protagonizar un esfuerzo compartido de solidaridad y colaboración. Por encima de las enormes dificultades derivadas de la saturación que padecen sus servicios de atención a menores, no pueden ampararse en esta delicada situación para renunciar a colaborar en una iniciativa estrictamente humanitaria. Corresponde a las tres diputaciones vascas comprometerse en este esfuerzo de acogida humanitaria y corresponde también a la ciudadanía vasca en su conjunto tomar conciencia de este delicado problema, contribuyendo con su esfuerzo solidario.