MELCHOR SÁIZ-PARDO/COLPISA. MADRID

El Gobierno no quiere embarcarse en una gran reforma de la Ley de Extranjería y sólo está dispuesto a hacer «ajustes de carácter técnico» al actual texto si cuenta con un amplio consenso en el Parlamento. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega comenzará en breve una ronda de contactos con los diferentes partidos del Congreso para sondear el ambiente acerca de un posible pacto de Estado sobre inmigración, aunque apenas hay propuestas concretas de reformas.

Fuentes del Gobierno precisaron que el Ejecutivo no tiene prisa y que los contactos con los partidos podrían prolongarse durante semanas. La intención de la vicepresidenta no es tanto conocer las posibles propuestas de los grupos como saber cuál es la disposición del Parlamento para encarar una todavía hipotética reforma. En cualquier caso, el Gobierno pretende evitar a toda costa un debate público sobre la inmigración que desemboque en una cascada de propuestas de modificaciones para una ley cuyo espíritu y líneas maestras quiere preservar.

Comisión mixta

Con estas premisas, los responsables de extranjería saben que tendrán de frente al Partido Popular, que aboga por reformar la legislación para prohibir futuras regularizaciones masivas, una propuesta que ni siquiera se considera en el Gobierno. De toda la batería de proposiciones del PP en materia de inmigración, sólo ve con buenos ojos la creación de una comisión mixta Congreso – Senado sobre los problemas de la extranjería.

Este martes, el portavoz popular en la Cámara Baja, Eduardo Zaplana, dejó claro que será muy difícil un acuerdo con el principal partido de la oposición. Zaplana tildó de «cínico» el ofrecimiento de la vicepresidenta para alcanzar un pacto de Estado sobre inmigración y acusó al Gobierno de «querer quitarse el muerto de encima» con un «pacto de silencio».

Los técnicos de los ministerios involucrados trabajan ya sobre otras propuestas «menos radicales» que las del PP y dirigidas a hacer esos «ajustes técnicos» que busca el Ejecutivo para el caso de que haya un consenso parlamentario. Entre las ideas que se han puesto encima de la mesa figura la de facilitar las expulsiones de inmigrantes con la incorporación de una futura directiva de la Unión Europea (aún en discusión) que ampliará el plazo máximo de retención de los inmigrantes irregulares más allá de los 40 días actuales. Un período que los especialistas consideran insuficiente para tramitar la burocracia que conllevan las repatriaciones.

El régimen general

Además, también se valora la posibilidad de hacer «retoques» en el denominado ‘régimen general’, el sistema de legalización no extraordinaria de inmigrantes , que no está siendo tan efectivo como esperaba la Administración. Mejorar el contingente de trabajadores extranjeros y simplificar las gestiones consulares son otras cuestiones que valoran los responsables de Interior y Trabajo.

Pero, más allá de estos ajustes, hay un hecho que inquieta a los responsables del Gobierno y que podría obligar a una reforma de la Ley de Extranjería mucho más profunda que la que actualmente valora el Ejecutivo socialista: el Tribunal Constitucional decidirá en breve sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentaron en 2001 contra el actual texto varias comunidades autónomas por la negativa de la ley a reconocer los derechos de asociación, sindicación, huelga y manifestación a los extranjeros clandestinos. Un fallo del Alto Tribunal contrario al texto obligaría a «abrir un debate mucho más extenso», reconocen fuentes del Ejecutivo.