TERESA ABAJO t.abajo@diario-elcorreo.com/BILBAO
Las tres diputaciones lanzaron ayer un contundente mensaje al Gobierno vasco ante el próximo traslado de cientos de menores inmigrantes desde Canarias a la Península. No aceptarán hacerse cargo de más extranjeros porque las instalaciones de las que disponen para atenderlos están «desbordadas». El argumento es el mismo, aunque el problema alcanza distintos grados de intensidad y es especialmente grave en Vizcaya, donde el número de inmigrantes se ha duplicado en el último año. Guipúzcoa, por su parte, ha tenido que recurrir a pensiones para buscar alojamiento a algunos de los menores.

El Ejecutivo autónomo informará mañana a las instituciones forales del contenido de la reunión que celebró el lunes en Madrid el Consejo Superior de Políticas de Inmigración. Un encuentro en el que las diputaciones, que son las competentes en materia de menores, quisieron estar presentes, pero el Gobierno lo rechazó. A falta de un contacto directo, los responsables forales han puesto sobre la mesa la realidad que se vive en cada territorio.

«Vizcaya no puede más», sentenció ayer el diputado de Acción Social, Juan María Aburto. «Nuestra capacidad de respuesta está claramente desbordada». En la actualidad hay 238 menores extranjeros en la red foral. Hace un año eran 120, y el pasado 1 de enero se contabilizaron 151. El número aumenta deprisa y los servicios no pueden seguir ese ritmo. En el centro de acogida de Amorebieta, el más grande del territorio, hay 86 menores, cuando su capacidad es de 50 plazas.

La saturación y la convivencia de tantas frustraciones ante una realidad alejada de las expectativas provocan conflictos. «Un centro de acogida saturado es una bomba de relojería», asegura Aburto. «Llegan chavales pensando que van a trabajar y mandar dinero a sus familias, y eso no lo pueden hacer legalmente. A veces la decepción provoca comportamientos antisociales». En Amorebieta, este verano se han registrado incidentes que «han alterado la convivencia», por lo que se van a incorporar vigilantes de seguridad. «El centro empieza a deteriorarse con más rapidez que nuestra capacidad para arreglar los desperfectos», describe el responsable foral.

Pisos con educadores

En los hogares de menores dimensiones no hay tantos conflictos. Algunos chavales están «perfectamente integrados» en viviendas con educadores, pero su capacidad es limitada. Desde el pasado mes de mayo, se han abierto tres pisos – dos en Bilbao y uno en la margen izquierda – y otros ocho menores han sido trasladados a la Casa del Mar de Santurtzi. Nunca es suficiente. «Hemos hecho un gran esfuerzo, pero cada medida que tomamos se ve superada en pocos días. Ellos vienen pidiendo formación, papeles y enseguida quieren ser trasladados a un piso, pero nuestra capacidad de atención a este colectivo es cada vez menor», advierte.

La situación ha llegado a un punto en el que la Diputación teme que se deteriore la asistencia a otros menores. En la red de protección foral hay 325 niños y adolescentes vizcaínos y 238 extranjeros. «Si seguimos así, es muy posible que el número de inmigrantes supere al de vizcaínos. Y nos preguntamos si la demanda de estos últimos está adecuadamente atendida o se encuentra soterrada», enfatizó Aburto.

En este delicado equilibrio, la institución foral se declara incapaz de «ir más allá» de las 238 plazas que ahora tiene ocupadas. Es más, Vizcaya «también necesita que los menores inmigrantes sean distribuidos por otros territorios. No estamos tan mal como en Canarias, pero seguramente estamos peor que Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña o Madrid», aseguró el diputado. A su juicio, la situación en Guipúzcoa y Álava es «más favorable» que la que soporta Vizcaya.

El número de inmigrantes es bastante menor en estos dos territorios, aunque también carecen de plazas suficientes para atenderlos. En Guipúzcoa, casi la mitad de los menores acogidos por la Diputación son extranjeros y algunos están en régimen de urgencia en los centros de Urnieta y Tolosa. La existencia de una lista de espera ha obligado a recurrir también a alojamientos en pensiones.

Por su parte, la Diputación alavesa se ha topado con el rechazo vecinal ante el proyecto de abrir un centro en la aldea del Castillo de Sopeña, en el municipio de Ribera Alta, informa Beatriz Corral. De momento, doce menores, chicos y chicas, viven en la sede de Cruz Roja de Vitoria desde hace casi tres años, aunque se planteó como un alojamiento provisional. «Aquí planificamos los recursos en función de la demanda real existente, no de situaciones extraordinarias», afirma un portavoz foral. Álava critica la actitud del Gobierno vasco por acudir a la reunión con el central «sin conocer las impresiones y el posicionamiento de cada Diputación. Se nos ha mantenido al margen y no se nos ha informado de nada», se lamentan.