La inmigración no es un tema nuevo en la mesa del debate político, judicial o social. Es una preocupación que lleva años apareciendo en todos los titulares. Sin embargo, desde que se abriera en España el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes el pasado mes de abril y desde que la Unión Europea anunciara el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, la conversación se ha vuelto incesante sobre un tema que sigue trayendo de cabeza a todos los actores que participan en él.

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Con la intención de crear una mesa de diálogo entre legisladores, autoridades policiales, políticos y demás entes que entran en juego a la hora de regularizar la situación de miles de migrantes, el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid organizó en la capital, en una de las salas del Movistar Arena, los días 9 y 10 de julio, el I Congreso Nacional de Extranjería. Un foro de diálogo en el que se ha dado voz a los problemas de cada uno de los sectores para intentar, entre todos, trazar una hoja de ruta común que permita convertir en realidad la máxima del encuentro: cada persona que pide su regularización tiene una vida detrás.

La encargada de inaugurar este congreso fue la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Aunque finalmente no pudo acudir por motivos de agenda, quiso participar a través de un mensaje grabado para abrir el encuentro. «Este congreso es la mejor prueba de que la extranjería es un tema de gran relevancia. Detrás de cada solicitud hay una historia y detrás de cada historia hay un gestor administrativo. Hemos calculado que casi el 10% de las solicitudes de regularización se han realizado a través de uno de vosotros», destacó.

Ese mensaje sirvió para marcar el tono de una jornada en la que la palabra más repetida no fue inmigración, sino coordinación. Porque, aunque el debate suele centrarse en leyes, fronteras o cifras, quienes trabajan diariamente en la gestión de la extranjería coincidieron en una idea: el verdadero reto pasa por conseguir que todas las administraciones funcionen como un único engranaje.

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Así lo defendió el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y del Consejo General, Fernando Jesús Santiago Ollero, impulsor del congreso. «Los expedientes no nos pueden hacer olvidar que detrás de ellos siempre hay una persona y una historia personal, un proyecto

empresarial o una oportunidad laboral», recordó. A su juicio, el ciudadano no distingue entre competencias estatales, autonómicas o locales; únicamente percibe si su expediente avanza. Por eso defendió que la extranjería es el procedimiento más transversal del ordenamiento jurídico y que solo desde el conocimiento mutuo entre instituciones será posible seguir mejorando.

Ese equilibrio entre eficacia administrativa y protección de derechos fue el hilo conductor de la primera jornada. El magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia Juan Carlos Campo situó el debate en el plano constitucional y recordó que la forma en la que un Estado trata a las personas extranjeras mide la fortaleza de su democracia. «Hoy la extranjería es el espejo en el que se refleja la calidad de nuestro Estado constitucional», afirmó, antes de advertir de que la Constitución reconoce derechos que no pueden quedar condicionados únicamente a la nacionalidad o a la situación administrativa.

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La dimensión jurídica del fenómeno migratorio también estuvo presente en las intervenciones de la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Ester Pérez, que repasó los avances en la tramitación de las nacionalidades gracias a la automatización de expedientes y de la representante de la Organización Internacional para las Migraciones, María Jesús Herrera, que reivindicó una gobernanza migratoria basada en los derechos humanos.

Un proceso complejo
Pero si existe un punto donde esa coordinación resulta especialmente visible es en la expedición de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). El jefe de la Sección de Documentación de Extranjeros y Cita Previa de la Policía Nacional, Juan Gabriel Zarza, explicó que durante 2025 se expidieron 1.734.945 tarjetas correspondientes a ciudadanos de 163 nacionalidades, una cifra que previsiblemente se superará este año como consecuencia del proceso extraordinario de regularización.

Zarza recordó que la TIE no acredita la identidad del extranjero, sino su situación administrativa en España, y reconoció que las 201 unidades de documentación afrontan dificultades derivadas del elevado volumen de expedientes, los constantes cambios normativos o la coordinación con el resto de organismos.

Pilar Cancela, secretaria de Estado para las MigracionesPilar Cancela, secretaria de Estado para las Migraciones ICOGAM
Precisamente la regularización extraordinaria protagonizó otra de las mesas más esperadas. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, quiso responder a las críticas surgidas en torno al proceso y lanzó un mensaje claro: las más de 1,17 millones de solicitudes presentadas serán resueltas, pero únicamente obtendrán autorización quienes cumplan los requisitos. Eso sí, aseguró que todos recibirán respuesta. «Toda persona que haya presentado una solicitud va a tener una resolución comunicada», subrayó. La responsable de Migraciones defendió que España necesita una política migratoria capaz de ofrecer seguridad jurídica sin renunciar a una perspectiva basada en los derechos humanos y recordó que el país necesita incorporar población para su desarrollo económico y afrontar el reto demográfico.

El papel de la infancia
Los desafíos que plantea la inmigración también fueron analizados desde la perspectiva de la infancia. La magistrada del Tribunal Constitucional Laura Díez recordó que la situación de los menores extranjeros no acompañados constituye un fenómeno de enorme complejidad jurídica, condicionado por el Derecho Internacional y por la protección reforzada que merecen los derechos del menor. Entre los principales problemas señaló el abandono escolar, las dificultades de integración y, sobre todo, el vacío que se produce cuando estos jóvenes alcanzan la mayoría de edad. «De golpe y porrazo las administraciones no pueden hacer nada en su tránsito a la vida adulta», lamentó, defendiendo la necesidad de diseñar permisos más flexibles que faciliten esa transición hacia la vida adulta.

El cierre jurídico de la jornada corrió a cargo del magistrado del Tribunal Supremo César Tolosa, que analizó las implicaciones del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Explicó que la entrada en vigor de ocho reglamentos comunitarios y una nueva directiva obligará a adaptar buena parte de la normativa española e introducirá novedades como los procedimientos de triaje en frontera, la aplicación de órdenes de retorno con efectos en toda la Unión Europea o la creación de una lista común de terceros países seguros. Un escenario que, advirtió, exigirá revisar tanto los procedimientos administrativos como la interpretación judicial de la normativa.

Las nuevas normativas y los procesos de regularización fueron el objeto de un análisis que terminó en una conclusión compartida por todos los asistentes: se necesita una mayor comunicación entre todos los actores. Es la única forma de conseguir el espíritu con el que nació este Congreso Nacional de Extranjería: detrás de cada expediente está un proyecto de vida.