Prioridad nacional

en el acceso a las ayudas; simplificación normativa y

rechazo firme

a la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez.

Estos son, grosso modo, los ejes que el vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales,

Carlos Pollán,

ha defendio esta mañana en las Cortes de Castilla y León durante su comparecencia para exponer el programa de actuaciones de su departamento en la presente legislatura.

Pollán iniciaba su intervención dejando claro que el Ejecutivo de PP y Vox gobernará para “todos los castellanos y leoneses” con un programa político expresado en el acuerdo plasmado entre ambas formaciones.

Asimismo, el número dos de Mañueco planteaba cinco medidas nucleares en su acción de Gobierno:

La eliminación de la obligatoriedad de la cita previa

La generalización del uso del silencio administrativo positivo y el impulso a la declaración responsable y la comunicación previa

La reformulación de los criterios de concesión de todas las ayudas sociales, al tenor del principio de prioridad nacional

La reducción al mínimo legal exigido de la cooperación internacional al desarrollo

Favorecer, en la medida de lo posible, a aquellos países con los que Castilla y León pueda alcanzar acuerdos de retorno y repatriación de menores.

Pollán dejaba claro también que instarán a la Fiscalía a que lleve a cabo

pruebas forenses de determinación de edad

para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios; así como a

adaptar a los nuevos tiempos la legislación en materia de adicciones

, dotándola de los fondos suficientes para ir más allá de la mera declaración de intenciones.

También advertía del problema de la hiperregulación existente que está “lastrando” a los sectores productivos de la economía además de complicar la ya de por sí difícil vida del español medio

“de manera innecesaria, absurda y, en ocasiones, cruel”.

Al respecto, aseguraba que las regiones han producido el 76,6 por ciento de las 500.000 normas aprobadas por todas las administraciones públicas en los últimos 45 años, y que en el caso de Castilla y León, entre 2022 y 2023, la producción de páginas de boletines oficiales superó el millón anual, 300 metros de papeles,

“dos veces la altura de la pirámide de Keops”,

advertía.

La acción de gobierno de la presente legislatura estará inspirada, de igual forma, por la prioridad nacional, un concepto mollar para la Consejería y que supone un avance y un éxito. “Consideramos haber abierto un debate político y social alrededor de la prioridad nacional”, decía el vicepresidente en su intervención, mientras avanzaba que a partir de ahora el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en dicho principio”, pero siempre “

adecuado a la legalidad vigente”.

Asimismo, defendía que la prioridad nacional servirá también como principio informador de la política migratoria.

“Que Castilla y León, igual que el resto de España, sea tierra de acogida no significa que aquí quepa todo el mundo

“, afirmaba, quien rechazaba que España tenga una deuda contraída con ningún país por haber exportado emigrantes en el pasado. "En el improbable caso de que así fuera – decía -

hace tiempo habríamos saldado la deuda, y con creces

”.

De la misma forma, señalaba que las puertas estarán abiertas para los jóvenes de Castilla y León, tanto los que permanecen en la comunidad como aquellos que se vieron obligados a buscarse un futuro fuera. “Castilla y León cuenta con una generación de jóvenes con talento, formación y capacidad. Jóvenes que se esfuerzan, que emprenden, que investigan, que cuidan, que participan, que sueñan y que luchan. Jóvenes que, sin embargo, enfrentan serias dificultades para desarrollar su vida aquí”, advertía, convencido de que solo se podrá rretener a los jóvenes en Castilla y León si se les da razones para quedarse.

Por ello, Pollán reafirmaba su compromiso con las políticas que sitúan a los jóvenes en el centro, como son la educación de calidad, el empleo digno y la vivienda accesible, entre otras.

Materia migratoria

El vicepresidente insistía en que la Junta rechaza de forma expresa la política de inmigración del Gobierno central y que por este motivo

se opondrá por todos los medios legales, políticos y jurídicos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales

, tanto mayores como menores de edad.

Tampoco participará en

reformas normativas ni acuerdos presupuestarios

destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Castilla y León.

El vicepresidente primero ha remarcado que el conjunto de acciones y medidas se implementarán bajo la estricta legalidad existente, como es el caso de la devolución de los menores no acompañados a sus países de origen.

Para ello, en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales (artículo 35.2 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social),

promoverá acuerdos con los países de origen,

que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres.

“En la cooperación internacional daremos prioridad a aquellos países que colaboren con Castilla y León en la repatriación y retorno de menores en situación irregular, a través de lo previsto en la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España”, decía, Si bien, afirmaba que se congelarán todos los recursos destinados a esta materia hasta el “mínimo” que exija la normativa vigente.

Pollán anunciaba también la

supresión de todas las subvenciones, ayudas

, convenios y conciertos con

ONGs u otras entidades

que

participen

directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la

inmigración ilegal,

o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas.

“Ni un euro de los castellanos y leoneses saldrá de su bolsillo para fomentar el efecto llamada”, afirmaba, al tiempo que desvelaba que

tampoco se habilitarán nuevos centros de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura

ni se ampliarán plazas en los existentes.

Una medida que se une al refuerzo de los protocolos de intervención y disciplina en los centros de menores, así como de la seguridad de los trabajadores.

Pollán aseguraba también que la Consejería instará a la Fiscalía de Menores a la realización de pruebas forenses de determinación de edad para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios.

“Estas pruebas son imprescindibles porque, aún siendo menores, si damos por buena una edad inferior a la que tienen, se garantizan un fraude a futuro al poder permanecer en los centros tiempo después de cumplir la mayoría de edad”, apuntaba, mientras recordaba que dichas pruebas funcionan como medida de protección.

Familia

El apoyo económico directo a las familias con el objetivo de

reducir el coste de tener hijos

; el logro de una conciliación real para que trabajar y formar una familia sea compatible; y el impulso y la innovación en la mediación familiar y prevención de conflictos centrarán las líneas de actuación en materia de familia los próximos cuatros años.

Para ello, el vicepresidente primero ha trasladado que se procederá al incremento progresivo de la cuantía del Bono Nacimiento, según renta y número de hijos, reforzando el acompañamiento a las familias desde el primer momento. Y ha anunciado que, de acuerdo con el principio de simplificación administrativa, el importe del Bono Nacimiento se abonará de una sola vez, y no en dos partes, como venía haciéndose hasta ahora.

Pollán ha detallado que se mantendrá el Bono Concilia para familias con menores de 0 a 3 años, junto a la ampliación del alcance del Bono Infantil, elevando los umbrales de renta para que llegue a más familias y permita el acceso a actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio fuera del horario escolar. Además, se implementarán medidas en el Programa Conciliamos y perdurarán los programas Madrugadores y Tardes en el Cole.

Al margen de estas líneas de actuación, la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales llevará a cabo una serie de políticas para proteger a aquellas familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.

“Garantizaremos el derecho a la integración social de las personas en riesgo de exclusión social”, decía.

Para lograrlo, explicaba que es necesario que el apoyo económico proporcionado por la

Renta Garantizada de Ciudadanía esté vinculado al cumplimiento de obligaciones y compromisos

pensados para superar la situación de exclusión social.

Un modelo se contrapone al del Ingreso Mínimo Vital, cuya percepción no está condicionada al cumplimiento de obligaciones tendentes a la inserción sociolaboral, ni a garantizar la asistencia de los menores a clase, ni a participar en procesos formativos que mejoren sus posibilidades de acceder a un empleo, ni a aceptar ofertas de trabajo.

Infancia y juventud

En materia de infancia y juventud, el vicepresidenta reafirmaba el compromiso de la Junta por

mejorar el programa de acogimiento familiar,

incrementando los recursos destinados a la captación, formación, valoración y acompañamiento técnico de familias acogedoras.

También se desarrollarán distintas líneas de trabajo centradas en la formación, la

retención de talento y el ocio y tiempo libre.

“Proporcionaremos a los jóvenes de Castilla y León el acceso a una formación complementaria que facilite su acceso al mercado laboral", señalaba.

También anunciaba el cambio de denominación del Comisionado Regional para la Droga por el de

Comisionado para las Adicciones.

En esa línea, se actualizará y fortalecerá la normativa en esta materia para dar respuesta a los nuevos patrones de consumo y a las adicciones comportamentales o sin sustancia, garantizando una adecuada protección de la salud pública, especialmente de los menores y colectivos vulnerables, y favoreciendo la adaptación de las políticas públicas a la realidad social emergente.

Con ello se aporta una continuidad a las acciones ya llevadas a cabo por esta Consejería a través de la red de prevención de adicciones y utilización problemática de las pantallas y de la red de atención a las adicciones en Castilla y León.

Objetivo:

consolidar un modelo de atención a la infancia y a la adolescencia más preventivo

, especializado, estable y centrado en el interés superior del menor, ha explicado.

De igual forma, Carlos Pollán advertía de las amenazas y agresiones físicas por parte de los menores internados.

Es el caso del

Centro de Menores Zambrana,

en Valladolid, razón por la que el vicepresidente primero ha anunciado el refuerzo del funcionamiento interno de los centros. Así,

se mejorará la calidad asistencial y la seguridad de los centros

, además de establecer criterios homogéneos de dotación profesional adecuados a la capacidad y características de cada recurso, ha aseverado.