Alerta. La política migratoria española está avanzando por

tres carriles distintos que empiezan a chocar entre sí. El

Gobierno de Pedro Sánchez

ha defendido la inmigración como una necesidad demográfica y económica, impulsando una regularización extraordinaria de personas en situación irregular y defendiendo públicamente que España necesita inmigración para sostener el mercado laboral y el Estado del bienestar.

Los

tribunales

, por su parte, exigen una mayor motivación antes de denegar determinadas residencias o acordar expulsiones cuando existen derechos familiares especialmente protegidos. Por ahí avanza el Tribunal Supremo al permitir que los familiares de inmigrantes puedan obtener el permiso de residencia, aunque haya antecedentes penales.

Y, al mismo tiempo, las

encuestas y la evolución política

en España y Europa muestran que la inmigración gana peso como preocupación para una parte del electorado, al tiempo que los partidos que proponen un mayor control migratorio han convertido este asunto en uno de sus principales ejes políticos.

La contradicción

Es esta combinación – políticas de regularización, mayores garantías judiciales y una creciente preocupación social – la que va a alimentar cada vez más

la polarización política. Las resoluciones judiciales no generan por sí mismas xenofobia, pero, cuando una parte de la ciudadanía percibe que existe una distancia entre sus preocupaciones y las decisiones de las instituciones, aumenta el espacio para los discursos que presentan al Estado como incapaz de controlar la inmigración. Esa es una dinámica observada en varios países europeos y forma parte del debate político actual.

Hasta ahora la discusión giraba sobre cuántos inmigrantes llegaban. Pero, a partir de ahora, será también motivo de discusión quién fija realmente la política migratoria: los Gobiernos que impulsan medidas de regularización por razones económicas y demográficas o los tribunales que delimitan hasta dónde puede llegar el Estado cuando esas decisiones afectan a derechos fundamentales.

Entre las razones que explican la posición del Supremo figura, según detallan fuentes jurídicas, que “los derechos fundamentales pesan más que hace veinte años”, que la integración gana importancia o que el tiempo de residencia, el trabajo, la ausencia de reincidencia, la existencia de hijos escolarizados o de un matrimonio estable se valoran cada vez más como factores que pueden inclinar la balanza frente a la expulsión. La Administración soporta una mayor carga de justificación o la política migratoria entra en el terreno judicial.

Pero si esta tendencia continúa, según advierten fuentes jurídicas, el Gobierno – sea del signo político que sea – tendrá un margen más reducido para endurecer las expulsiones únicamente mediante instrucciones administrativas o cambios reglamentarios. Cualquier medida deberá superar el filtro de los tribunales y respetar los estándares fijados por la Constitución, el Derecho de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. “Eso no significa que no se pueda expulsar a inmigrantes. Significa que, en determinados supuestos, será más difícil hacerlo sin una motivación individualizada y sin acreditar que la medida es necesaria y proporcionada”, defienden desde el Gobierno.

La sentencia

El eje de la sentencia del Supremo no es que ya no se pueda expulsar, sino que se estrechan los supuestos en los que la Administración puede denegar permisos o ejecutar expulsiones cuando entran en juego derechos familiares y garantías jurídicas. Las claves son las siguientes:

Una Mayor protección del derecho a la vida familiar

: los tribunales españoles y europeos llevan años reforzando la idea de que separar a una familia exige una justificación muy sólida. Si un extranjero tiene cónyuge, hijos o familiares con residencia legal o nacionalidad española, expulsarlo resulta cada vez más complicado.

Los antecedentes penales dejan de ser un motivo automático

: se limita que la mera existencia de antecedentes sirva por sí sola para denegar autorizaciones o justificar determinadas decisiones. La Administración deberá valorar la gravedad, la antigüedad, la reincidencia y la situación personal.

Mayor obligación de motivar cada expulsión

: ya no basta con aplicar mecánicamente la ley. Extranjería deberá justificar caso por caso por qué prevalece el interés público frente al derecho a permanecer.

Peso creciente de la jurisprudencia europea

: tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia de la UE han elevado las garantías de los extranjeros cuando existen vínculos familiares, menores o riesgo de desproporción.

Las reformas legales del Gobierno amplían vías de regularización

: el Ejecutivo ha aprobado modificaciones del Reglamento de Extranjería para facilitar distintas modalidades de arraigo y regularización. Cuantas más personas acceden a residencia legal, menor es el ámbito de aplicación de la expulsión.

Y que

hay más posibilidades de recurrir:

las ONG especializadas y los despachos cuentan hoy con más argumentos jurisprudenciales para impugnar expulsiones o denegaciones de residencia.