China podrá exigir responsabilidades legales a personas y organizaciones situadas fuera de sus fronteras si considera que promueven el separatismo o socavan la unidad nacional. Así lo establece la nueva Ley de Promoción de la Unidad Étnica, que entraró en vigor el pasado día 1 y que incorpora una disposición con alcance extraterritorial que ha despertado inquietud en Taiwán, así como entre organizaciones de derechos humanos y representantes de minorías étnicas chinas en el extranjero.

La normativa fue aprobada el pasado mes de marzo como parte de los esfuerzos de Pekín para reforzar una identidad nacional común entre los 56 grupos étnicos oficialmente reconocidos por la República Popular China. Sin embargo, uno de sus artículos prevé que individuos o entidades radicados fuera del país puedan ser considerados responsables de actividades que las autoridades interpreten como una amenaza para la unidad étnica o una «incitación al separatismo», un concepto que Pekín aplica habitualmente a cuestiones relacionadas con Taiwán, el Tíbet o Xinjiang.

Las autoridades chinas rechazan las críticas y sostienen que la disposición no supone ninguna novedad en el ámbito jurídico internacional. En una comparecencia celebrada hace pocos días en Pekín, el viceministro de Justicia, Hu Weilie, defendió que la cláusula responde a las circunstancias particulares del país y afirmó que se ajusta tanto a los principios generales del derecho como a prácticas existentes en otros Estados. Según el responsable chino, algunas interpretaciones difundidas por medios extranjeros han distorsionado el alcance real de la ley.

La cuestión ha adquirido una especial relevancia en Taiwán, la isla gobernada de forma autónoma como república democrática desde 1949 pero que la República Popular considera parte inalienable de su territorio. Diversos sectores políticos y jurídicos taiwaneses temen que la nueva legislación proporcione a Pekín una base adicional para perseguir a activistas, cargos públicos o ciudadanos que defienden una identidad taiwanesa diferenciada o respaldan posiciones favorables a la independencia.

LAS INQUIETUDES NO SE LIMITAN A TAIWÁN.
Organizaciones de derechos humanos y representantes de comunidades tibetanas y uigures en el exilio llevan años denunciando lo que consideran una expansión progresiva del alcance internacional de la legislación china. Estos grupos sostienen que Pekín intenta ejercer presión sobre disidentes y activistas residentes en terceros países mediante distintos mecanismos diplomáticos, policiales y judiciales, una acusación que las autoridades chinas rechazan de forma sistemática.

La ley forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Xi Jinping para reforzar la cohesión nacional en un país marcado por una enorme diversidad cultural, lingüística y religiosa. Pekín sostiene que la construcción de una identidad compartida resulta esencial para garantizar la estabilidad social y el desarrollo económico, especialmente en regiones consideradas sensibles desde el punto de vista político, como Xinjiang, el Tíbet o Mongolia Interior.

En los últimos años, las autoridades han intensificado las campañas destinadas a promover lo que denominan una «conciencia de comunidad de la nación china», un concepto que ocupa un lugar central en el discurso oficial. Dentro de ese marco se han impulsado programas educativos, iniciativas culturales y reformas administrativas orientadas a fortalecer la identificación con el Estado y reducir las diferencias percibidas entre los distintos grupos étnicos del país.

Para Pekín, estas políticas son una herramienta para combatir el extremismo, el separatismo y los conflictos identitarios. Sin embargo, organizaciones internacionales y numerosos expertos consideran que algunas de estas medidas han ido acompañadas de una creciente presión sobre las expresiones culturales, lingüísticas y religiosas de determinadas minorías. Las críticas han sido especialmente intensas en relación con la situación de la población uigur en Xinjiang y con las restricciones impuestas en regiones de mayoría tibetana.

La entrada en vigor de la ley permitirá comprobar hasta qué punto Pekín está dispuesto a aplicar en la práctica esta disposición más allá de sus fronteras. Mientras las autoridades la presentan como una herramienta legítima para proteger la unidad nacional, su aplicación podría generar nuevas fricciones diplomáticas con aquellos países que albergan comunidades tibetanas, uigures o activistas favorables a la independencia de Taiwán.