S, C. DE TENERIFE.-El Gobierno de Canarias comunicó ayer que, en los próximos días, unos 6.000 inmigrantes irregulares podrían ser liberados, al cumplirse los 40 días de retención que la ley impone como máximo sin que hayan sido derivados a la Península o repatriados a sus países de origen.

El Consejo de Gobierno volvió ayer a deliberar sobre la «grave situación» motivada por la existencia de más de 10.000 sin papeles en los centros y la constante llegada de cayucos procedentes de las costas africanas.

El consejero regional de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano (Coalición Canaria), denunció que la «carencia de una política clara» del Estado motiva el «agravamiento» de la «grave y explosiva» situación existente. Estas carencias se concretan, señaló, en la ausencia de un plan de medidas específicas coordinado. Y enumeró que sería preciso, entre otras cuestiones, el incremento del número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la mejora de los medios de Sanidad Exterior.

Asimismo, el Gobierno canario planteó la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear juzgados de inmigración y extranjería. Una medida con la que, en opinión de Ruano, se evitarían «espectáculos», como el de la comisaría de Playa de las Américas, en Tenerife, donde centenares de sin papeles esperan en los sótanos del edificio antes de ser trasladados a los centros de internamiento.

El portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Becerra (CC), protestó por la «falta de respeto» de los representantes del Ministerio del Interior al ignorar a las autoridades autonómicas en sus dos días de visita al Archipiélago.