Los ultraderechistas de Núcleo Nacional han guardado este sábado las capuchas y se han dedicado a impulsar un nuevo partido político de ideología xenófoba y supremacista en el panorama de la ultraderecha española: Noviembre Nacional. Otra formación que hace apología racista y que logra colarse en el juego democrático pese a la Ley de Partidos.

El lanzamiento de Noviembre Nacional, con domicilio legal en un bajo de Valladolid, vuelve a dejar en evidencia la doble vara de medir en torno a la ley de formaciones políticas: la normativa que impulsó el Gobierno de José María Aznar y que sirvió para ilegalizar a Batasuna en 2002 jamás ha sido aplicada contra organizaciones de ultraderecha que hacen apología nazi, reivindican la dictadura o fomentan discursos xenófobos.

“El asunto es que aquella no fue una ley de partidos, sino que se trató de una ley antiterrorista”, explica Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València. A su juicio, “es evidente que hay un doble rasero a la hora de acercarse a un caso o a otro”, en alusión a los procedimientos seguidos ante las marcas políticas de la izquierda abertzale mientras ETA estaba en activo y las diversas formaciones xenófobas que, como Núcleo Nacional, promueven discursos de odio contra distintos colectivos.

El registro de Noviembre Nacional como partido político tuvo lugar el pasado 10 de febrero. El grupo ultra ofreció entonces como domicilio legal exactamente la misma dirección que figura en la inscripción de Núcleo Nacional como asociación, efectuada en agosto de 2024.

El responsable del registro de Noviembre Nacional ante Interior fue Enrique Lemus, un veterano ultraderechista que para entonces ya había participado en varias presentaciones de Núcleo Nacional junto a otros activistas, en algunos casos encapuchados.

La existencia de esa organización ultraderechista ya era conocida por las autoridades. En abril de 2025, la Guardia Civil había emprendido una investigación sobre las actividades de Núcleo Nacional por la posible comisión de un delito de odio a través de un vídeo difundido en las redes sociales, lo que motivó el envío de las diligencias a la Fiscalía. Pese a ello, el trámite de inscripción de Noviembre Nacional a cargo de Lemus y con el mismo domicilio legal de Núcleo Nacional no corrió peligro alguno.

El pasado mes de febrero de 2026, tras una consulta de Público, fuentes de Interior señalaron que “el Gobierno y la Fiscalía pueden instar a la declaración de ilegalidad de un partido, como expone el artículo, pero la disolución solo puede llevarse a cabo cuando exista una resolución judicial”. “Por ese motivo, el control efectivo y la decisión de una disolución solo le compete al Poder Judicial”, apuntaron.
Desde el ministerio que dirige Marlaska confirmaron a Público que tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018 no se ha emprendido ningún proceso de ilegalización de partidos de ultraderecha. Hasta ahora, las únicas formaciones que quedaron fuera de la ley en España han sido del ámbito de la izquierda abertzale.

“Lo que me extraña, entre comillas, es que en el momento en que Núcleo Nacional se crea como partido el Ministerio Fiscal esté a por uvas”, señala Flores a Público. “Hay indicios claros de que estamos ante un grupo que fomenta o incita el odio, la hostilidad, la discriminación y la violencia contra personas o grupos. Esa hostilidad, discriminación e incluso violencia tendría que haber dado para abrir un expediente”, agrega.

El pasado 9 de junio, Núcleo Nacional difundió un mensaje en redes sociales en el que aplaudía los disturbios racistas en Belfast y reproducía textualmente las indicaciones dadas en esa ciudad por los activistas: “Si eres hombre, blanco y más de 18 años, sal con ropa negra, sin teléfono y dispuesto a pelear o ser detenido…”. “En Belfast se están preparando de verdad”, aplaudieron los ultras españoles.

El asunto ha llegado al Congreso. El pasado martes 6 de julio, la portavoz adjunta de Sumar y diputada de los Comuns, Aina Vidal, reclamó la aplicación de la Ley de Partidos Políticos para evitar que Núcleo Nacional pueda “llegar a ver la luz” como formación.

“Base legal suficiente”
Albert Noguera, catedrático de Derecho constitucional en la Universitat de València, sostiene que la Ley de Partidos “ofrece base legal suficiente para poder llevar a cabo la ilegalización de Noviembre Nacional y de cualquier otro partido de ideología neonazi”.

“Es evidente que esa ley de 2002 fue aprobada expresamente para dar cobertura legal al proceso de ilegalización de Batasuna en el contexto de los años de represión dura del Estado contra la izquierda abertzale. Fue una ley que se creó con un propósito específico que cumplió en ese momento”, destaca.

Entre las principales portavoces de Núcleo Nacional se encuentra Isabel Peralta, una conocida militante neonazi. En abril pasado, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Peralta a un año de cárcel y una multa de 1.080 euros por un delito de odio contra migrantes.

Noguera cita uno de los aspectos a los que se aferran Peralta y otros activistas neonazis para difundir sus proclamas de apología nazi: España es una democracia no militante en la que “no se persiguen ideas, sino sólo conductas”. “Así, un partido podría plantear ideas que estén en contra de principios fundamentales establecidos en la Constitución”, destaca el jurista.

El remedio y la enfermedad
Por su parte, Flores apunta que en España “nadie dice que esté prohibido tener ideología racista, otra cosa es el acto racista”. “Que tú seas racista o fascista no es ilegal, lo que es ilegal es determinadas acciones que están consideradas como delito”. A su criterio, “todo esto debería tendría que haber dado lugar a que el ministerio fiscal dijese algo” sobre la inscripción de Noviembre Nacional como partido político ante la sospecha de que se vulnerase alguno de los extremos que maneja la Ley de Partidos.

“El doble rasero evidentemente existe. Quiero convencerme de que si el Ministerio no los persigue es porque piensa que el remedio es peor que la enfermedad”, apuntó Flores.

En cualquier caso, Noguera cree que en estos asuntos también está presente otro elemento: “Es evidente que no se hace porque tradicionalmente ha existido connivencia política del régimen del 78 con este tipo de organizaciones. Nunca se ha tratado igual a unos o a otros. Hay que ver cómo actúa la Policía en una manifestación antifascista o en una manifestación de grupos neonazis”, afirma.