La evidencia disponible sobre los efectos de la inmigración en nuestro país ofrece una imagen muy distinta de la que a menudo domina el debate público e incluso inspira algunas decisiones políticas. El Informe anual 2025 del Banco de España concluye que los intensos flujos migratorios recibidos entre 2022 y 2025 no han reducido las oportunidades laborales de los trabajadores nativos y estima que explicaron aproximadamente la mitad del crecimiento del PIB y más de dos tercios del aumento del empleo durante ese periodo. En la misma dirección apunta un reciente estudio de ISEAK, en colaboración con el Banco Mundial, sobre la reforma de 2022, que facilitó los mecanismos de regularización de inmigrantes. Entre sus principales conclusiones destaca que no encuentra evidencia del conocido “efecto llamada”, ni de un aumento de la inmigración irregular, ni tampoco de impactos negativos sobre el empleo, los salarios o la actividad económica en las provincias más expuestas a la reforma.

Por desgracia, la evidencia empírica y la percepción ciudadana no siempre avanzan de la mano. Pese a los datos disponibles, una parte significativa de la población sigue contemplando el fenómeno migratorio con recelo. Hace un par de años, ISEAK documentó, a partir de una encuesta representativa de la población española, que las percepciones erróneas y la sensación de amenaza constituyen algunos de los principales factores que explican la oposición tanto a la llegada de inmigrantes como a las políticas orientadas a favorecer su integración. Pero el resultado más revelador fue otro: cuando los ciudadanos reciben información objetiva sobre cuestiones que suelen alimentar el debate público —como el impacto de la inmigración sobre el empleo o sobre el uso de los servicios públicos— aumenta de forma significativa el apoyo tanto a la inmigración como a las políticas de integración. Existe, por tanto, una brecha entre la evidencia y la percepción; entre los beneficios que la inmigración aporta al crecimiento económico y demográfico de nuestro país y la forma en que esos beneficios son percibidos por una parte importante de la ciudadanía.

Esta distancia entre evidencia y percepción también se observa en Europa, donde asistimos a un endurecimiento progresivo de las políticas migratorias. El nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y las propuestas para reforzar los mecanismos de retorno de quienes no obtienen autorización para permanecer en territorio comunitario reflejan ese cambio de orientación. Sin embargo, resulta paradójico que este giro coincida con una evidencia empírica cada vez más sólida, tanto en España como en otros países europeos, que muestra que la inmigración no ha tenido, en términos generales, los efectos negativos sobre el empleo o la actividad económica que con tanta frecuencia se le atribuyen.

La paradoja resulta difícil de entender. Al margen de las consideraciones éticas, que darían para otra tribuna, conviene recordar que nuestras sociedades envejecen aceleradamente, nuestras tasas de natalidad se sitúan entre las más bajas del mundo y la población en edad de trabajar se reducirá de forma continuada durante las próximas décadas. Las proyecciones de Eurostat apuntan a que la tasa de dependencia de las personas mayores aumentará de forma muy intensa, comprometiendo la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, sanitarios y de cuidados si no somos capaces de ampliar la población activa. A ello se suma una realidad ya visible: la construcción, la hostelería, la agricultura o los cuidados dependen cada vez más del trabajo de personas inmigrantes. Necesitamos trabajadores que contribuyan con sus cotizaciones a sostener el Estado de bienestar y nuestro nivel de prosperidad. Y, sin embargo, seguimos temiendo que quienes llegan nos quiten el empleo, encarezcan la vivienda o abusen de las prestaciones sociales. Parece como si Europa viviera atrapada entre dos certezas contradictorias: la necesidad objetiva de la inmigración y el temor subjetivo a sus consecuencias.

Quizá el verdadero debate no sea si necesitamos inmigración, porque los datos demográficos y económicos así lo atestiguan, sino cómo conseguir que esa inmigración se integre con éxito. Ahí es donde deberían concentrarse los esfuerzos de las políticas públicas. La integración social y laboral no es únicamente una cuestión de justicia; constituye también una inversión en cohesión social y en crecimiento económico. Facilitar el acceso al empleo formal, agilizar el reconocimiento de cualificaciones profesionales, combatir la economía sumergida y promover la convivencia son políticas que benefician tanto a quienes llegan como a quienes ya estaban.

España, además, parte de una posición especialmente favorable. Más de dos tercios de la población inmigrante residente en nuestro país, así como una parte muy importante de los nuevos flujos migratorios, proceden de Latinoamérica. Compartimos una lengua común, profundos vínculos históricos y culturales, y formas de relación social muy similares. Esa proximidad reduce considerablemente los costes de integración y explica que el choque cultural sea , por lo general, mucho menor que el observado en otros países europeos. No significa que la integración sea automática ni que no existan desafíos, pero sí que contamos con una ventaja que convendría aprovechar mediante políticas públicas eficaces.

Europa necesita inmigración. España también. La cuestión, por tanto, no es levantar más barreras, sino dedicar todos los esfuerzos a gestionar mejor un fenómeno que será decisivo para nuestro futuro. Si la evidencia demuestra que la inmigración contribuye al crecimiento económico y al sostenimiento del Estado de bienestar, la respuesta no puede ser cerrar las puertas por miedo, sino una apuesta decidida por la integración de quienes ya están y una gestión ordenada de los flujos que están por venir. Solo así conseguiremos reducir la distancia entre los datos y las percepciones, y convertir uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo en una oportunidad para construir sociedades más prósperas y cohesionadas.