2023 y 2024 fueron años marcados por cifras récord en la llegada de personas migrantes (39.910 y 46.843 respectivamente). Entre ellas había cientos de niños y niñas que migraron en solitario en busca de un futuro mejor. Por ello, los profesionales de las entidades del tercer sector tuvieron que hacer grandes esfuerzos para poder atenderles de manera digna.

Ahora, con una notable caída en las llegadas de personas migrantes a las costas en 2025 se registró un descenso del 62% respecto a 2024 y con los mecanismos legales derivados de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para la derivación de los menores a otras comunidades autónomas, tras el rechazo inicial de varias de ellas, los profesionales que se encuentran en la primera línea de la acogida pueden decir que, «por fin», se les está atendiendo como merecen.
En los años de mayor presión migratoria, los centros se vieron desbordados y se abrieron recursos con urgencia para aumentar el número de plazas disponibles, con más de un centenar de niños y niñas en un mismo recurso. Hubo momentos en los que, incluso, se tuvieron que habilitar espacios improvisados, con colchones en salas comunes, ante la falta de espacio suficiente.

«Hemos notado que la presión ha disminuido, y eso, sí o sí, se traduce en aumentar la calidad en la atención de los niños y niñas. Ahora podemos darles una atención multidisciplinar», comenta uno de los responsables de un recurso de las islas.

De esta forma, los directores de estos centros consideran que se encuentran «mejor preparados» para atender a los niños y niñas que acogen en la actualidad. En estos momentos, muchos de los recursos están al 60% de su capacidad, por lo que habría plazas en caso de que se diera un repunte. «Con la reforma de la ley de extranjería y la atención de los solicitantes de asilo por parte del Estado se podrán evitar situaciones críticas, pero esperamos que los traslados se realicen atendiendo siempre al interés superior del menor», subrayan.
Asimismo, el Gobierno de Canarias está inmerso en el cierre de macrocentros para menores, con más de 100 plazas, y de algunos que están «más vacíos». Los profesionales del sector saben lo que es «trabajar bajo presión» y están preparados para asumir situaciones de este estilo en caso de que se pueda dar otro repunte en las llegadas de personas migrantes. Eso sí, cabe recordar que, desde hace ya un año y por ley, cuando un territorio supera por más del triple su capacidad ordinaria de acogida, puede solicitar que se le declare en situación de contingencia migratoria y se aplicaría el mecanismo de derivación obligatoria de los niños que lleguen a ese territorio, como ahora sucede con Canarias.

Por ello, los directores de los centros apuntan que algunos recursos con capacidad para entre 40 y 50 niños y niñas cuentan con plantillas de alrededor de 25 trabajadores. Además, el 60% del presupuesto de estos recursos se destina a pagar los sueldos de sus empleados. «El personal es nuestra primera herramienta para que los niños estén bien atendidos, por lo que es algo elemental», remarcan.

Los centros han aprovechado que en estos momentos pueden trabajar de manera más holgada para contratar perfiles «más cualificados». Y es que este es uno de los principales retos del sector: encontrar mano de obra capacitada para atender a los niños y niñas.

Aunque ahora la situación está en calma, los profesionales del sector son conscientes de que la realidad migratoria es volátil, y tienen que estar preparados para ello. Cabe destacar que según el último informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), el 15% de las llegadas a las islas fueron menores migrantes solos, lo que demuestra que estos niños y niñas sin un referente familiar siguen teniendo peso en la ruta canaria.

El objetivo del sector:reforzar su estructura y ganar estabilidad
Gestionar los recursos para la acogida de los niños y niñas que han migrado sin la compañía de un familiar ha supuesto, y lo sigue siendo, un reto para todas las administraciones. Ahora, con la reforma de la ley de extranjería para compartir, entre regiones, la responsabilidad de los chicos y chicas, así como con la caída en las llegadas de personas migrantes, el objetivo es reforzar la estructura de acogida.

Algunos centros han tenido que echar el cierre ante la reducción de menores que atender, mientras que la Consejería de Bienestar Social pretende cerrar aquellos que tienen más de 100 plazas. Según remarcó el Ejecutivo el mes pasado, la intención es abrir «nuevos centros con menos plazas y prescindir de aquellos que están más vacíos». No obstante, desde sindicatos como CC OOse denuncia esta situación, pues algunas plantillas se han visto «en la calle»y sin posibilidad de ser reubicadas en otros centros y puestos de trabajo.

El fin de la Consejería, apuntaron, es mejorar la gestión de los recursos públicos ante el traslado de menores a la península y el descenso de las llegadas de personas migrantes.

Los directores de recursos en las islas consideran que la dirección general ha ganado agilidad gracias a esta situación. «Los trámites van mucho más rápido, todo va más fluido y de manera más organizada, tanto los traslados de los chicos como sus inscripciones en formaciones», remarcan. Además, esperan que, ahora que la presión ha disminuido, se dedique más tiempo a las inspecciones de los centros para velar por que todo funcione correctamente.

No obstante, reconocen, ha habido momentos críticos. «Hemos tenido que reducir personal. Estamos haciendo malabares, porque no nos gusta echar a gente», coinciden. Sin embargo, el sector incide en su labor y fin último:«Nosotros estamos aquí para dar una solución a una emergencia. Lo que está en nuestras manos es que, una vez que lleguen, se les atienda. Son personas vulnerables y, mientras estén, trabajaremos lo mejor que podamos, pero en el momento en que no lleguen, cerraremos las puertas y nos iremos, y eso será bueno, porque querrá decir que la situación en sus países de origen ha mejorado y ya no se verán obligados a arriesgar su vida en el mar».