Tres años después de la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). el servicio vasco de empleo Lanbide hace una valoración «positiva» de todo lo que han supuesto las nuevas medidas, entre las que se incluye el refuerzo de los sistemas de control para evitar fraudes y reducir los indebidos, que han caído a la mitad en un año. «El objetivo es el fraude cero y tenemos los instrumentos necesarios para ellos», insiste el director general de Lanbide, Francisco Pedraza. «Las personas que infringen», además, «cada vez son menos, pero desgraciadamente siempre habrá quienes quieran cometer fraude», reconoce.

– Los refuerzos de los controles de la RGI han hecho que los indebidos caigan a la mitad en un año ¿Ese era el objetivo de las nuevas inspecciones?

– El decreto de 2023 pretende sistematizar y actualizar los cambios en la situación financiera de las personas con mayor rapidez, y vemos sus frutos. La automatización del proceso ha tenido un efecto directo en la reducción de los cobros indebidos. Más del 90% de los procedimiento de actualización de cuantía se han automatizado y, en consecuencia, los cobros indebidos han pasado de 2024 a 2025 de 26,5 millones de euros a 14,8 millones. De todos modos, los indebidos no se deben asociar con el fraude. La mayor parte se generan por el plazo de ajuste de los ingresos de las personas beneficiarias y las cuantías percibidas.

– Pese a la mejora registrada, el último año la deuda todavía fue de 14,8 millones de euros en Euskadi. ¿Por qué se siguen dando estos pagos a personas a quienes ya no les corresponde la ayuda?

– Insisto. El sistema ahora es más eficiente y seguirá mejorando, pero los indebidos son consustanciales y no se deben considerar como un fallo. Si las personas ingresan más de lo que les corresponde porque consiguen trabajar después de la determinación de la cuantía de RGI, no es un fallo. Simplemente han mejorado sus ingresos por trabajo, lo que significa que deben devolver la cuantía de más que no les corresponde.

– Recientemente, el Ararteko ha afeado la gestión de estos indebidos a Lanbide, que puede retener parte de la nómina de la RGI, por no tener en cuenta las «situaciones extremas». ¿Sopesan alguna modificación o volver a la fórmula anterior?

– No es correcta la afirmación de que no se tengan en cuenta las situaciones de cada persona. La nueva normativa establece la compensación respetando que la unidad de convivencia tenga en todo momento garantizados ingresos por importe equivalente a la cuantía base de la prestación, incluso si eso supone que haya que aumentar el plazo máximo de cinco años de devolución.

– Aún se escuchan casos de fraudes a Lanbide con la RGI. Hace unas semanas trascendió uno que tenía que ver con una persona que vivía en Reino Unido y cobraba la prestación en Gipuzkoa. ¿Cómo se pueden evitar estos casos?

– Desgraciadamente, siempre habrá personas que quieran cometer fraude, pero son la ínfima minoría. La inmensa mayoría hace un uso correcto de las ayudas. Las personas que infringen cada vez son menos y los mecanismos de control hacen que más pronto que tarde sean detectadas. Lanbide dispone de un equipo de inspección de prestaciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de las personas perceptoras de la prestación.

– ¿Hay que intensificar todavía más la vigilancia a los beneficiarios?

– El sistema está preparado para la vigilancia y es adecuado al nivel de fraude. El objetivo es que sea cero fraude y tenemos los instrumentos para avanzar en ese objetivo.

– ¿Cuál es el perfil del perceptor en la actualidad?

– El perfil mayoritario se mantiene estable. Son principalmente mujeres, personas no pensionistas, perceptoras de prestación básica, de origen autóctono y mayoritariamente residentes en Bizkaia. Pero aunque el perfil general apenas cambia, sí se observan algunas variaciones relevantes. Las personas de 55 años o más, por ejemplo, ganan peso por el envejecimiento poblacional y ya representan en torno al 42% del total. Esta misma realidad explica el leve aumento de las personas pensionistas, que pasan del 25% al 27%. Además, desciende el peso relativo de los tramos centrales de edad, especialmente entre los 35 y los 54 años. El cambio de composición más visible, en cualquier caso, se da en el tipo de prestación. El complemento de trabajo gana peso frente a la prestación básica y aumenta del 16% al 20%, lo que muestra una mayor presencia de titulares que compatibilizan la RGI con ingresos procedentes del empleo.

– ¿Y qué ocurre con las personas extranjeras? Muchos ciudadanos creen que la RGI es una ayuda para inmigrantes.

– Como se suele decir, los datos matan el relato. La percepción no es casual y está mediatizada por una opinión publica polarizada y con desinformación interesada y falsa. De las 55.521 personas titulares de RGI en estos momentos, el 66,1% son españolas. Esto es, dos de cada tres son nacionales, mientras que una de cada tres es de origen extranjero. Además, hay que recordar que la RGI no es incondicionada y se concibe como una ayuda temporal. Quienes la reciben tienen obligaciones y compromisos que cumplir para poder percibirla. Por ejemplo, deben estar disponibles para seguir formándose y para acudir y aceptar ofertas de empleo. En definitiva, deben participar en el planes integrados y personalizados de inclusión social y laboral para conseguir salir de la situación de necesidad, acceder al empleo e integrarse en la comunidad para una vida digna y plena.

– ¿Por qué dejó Lanbide de publicar el origen de los beneficiarios en sus estadísticas?

– Consideramos que es un dato que lejos de aportar valor informativo se puede utilizar para estigmatizar y negativizar a las personas migrantes. Nuestra obligación es preservar la igualdad de trato de toda la población vasca en términos de prestaciones, inclusión y empleo.

– ¿Se plantean volver a dar a conocer ese dato, como hace ahora la Ertzaintza?

– No está previsto, aunque el análisis estadístico interno nos permite identificarlo cuando es solicitado o requerido.

– Se han cumplido tres años de la reforma de la RGI, que entre otras cosas flexibilizó los requisitos para cobrarla y la hizo indefinida. ¿Qué valoración hace de estos cambios?

– Uno de los objetivos de la reforma era proteger mejor a colectivos en situación de vulnerabilidad facilitando su incorporación al sistema mediante una flexibilización o ampliación de algunos de los requisitos de acceso. Entendemos que la reforma ha cumplido dichos objetivos. Otro de los objetivos de la reforma era establecer las condiciones para una mejora en la gestión de las prestaciones, esto es, facilitar una gestión más eficaz y eficiente mediante la incorporación de la actualización trimestral de la cuantía o la interoperabilidad de procesos y gestión de información y datos. Y en este aspecto también se ha mejorado. Por otro lado, el Sistema Vasco de Renta de Garantía de Ingresos ha contribuido decisivamente a reducir la pobreza en Euskadi con respecto a otras comunidades, si bien seguimos teniendo personas que continúan en niveles de pobreza.

– ¿Ahora se llega a más gente necesitada?

– Nuestro objetivo es llegar a todas aquellas personas que no tienen los ingresos suficientes para llevar una vida digna y el nuevo marco regulatorio está consiguiendo que podamos llegar en mejores condiciones a personas y familias con obstáculos, como víctimas de violencia de género, personas con menores a cargo o solicitantes de asilo. En mayo de este año había 55.521 personas titulares de unidades de convivencia perceptoras de RGI. Son un 10,9% más que en mayo de 2022, casi un año antes de la entrada en vigor de la ley. Si se compara con ese mismo mes de 2025, han caído un 5,1% por la bonanza económica. En conjunto, los datos apuntan a una evolución gradual del perfil de la RGI: más personas senior y se incrementan los estímulos al empleo lo que es un buen dato porque permite que las personas estén en la lanzadera hacia mejores empleos y la distribución por sexo y territorio se mantiene prácticamente estable. Además, la tendencia es a que menos personas necesiten la RGI en un contexto positivo económico y de empleo.