El

presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez

, advirtió este jueves de que, aunque no agraden, "

las leyes están para cumplirlas

“. Así respondió al ser preguntado por el pacto que su formación selló con

Vox en Andalucía

, un documento en el que

ambos partidos rechazan continuar acogiendo a los menores migrantes derivados desde el Archipiélago.

Durante una comparecencia convocada para presentar nuevos programas de apoyo a los trabajadores autónomos, el dirigente subrayó que la postura de su partido en las Islas “no ha cambiado ni un ápice desde el primer momento”. En ese sentido, reclamó que sea la Administración central – y no los territorios autonómicos – la encargada de asumir la tutela de estos jóvenes que llegan sin referentes familiares.

Con todo, y pese a mantener esa reivindicación, el vicepresidente insistió en que lo dispuesto por la legislación resulta inequívoco. A su juicio, al resto de actores implicados solo “le toca” acatarlo. "

No queda otra opción, guste o no guste

“, asevero.

El también consejero fue un paso más allá y se apoyó en las declaraciones de la

presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

, para reforzar su argumento. “Hago mías sus palabras porque creo que es lo oportuno; las leyes están para cumplirlas, y si lo que dice es que hay que derivar a menores no acompañados, pues se debe cumplir, le guste a quien le guste”, remató.

El acuerdo al que aludía Domínguez fue rubricado la pasada semana por los populares y la formación de

Santiago Abascal

para gobernar la Junta de Andalucía. En él, las dos fuerzas expresan su oposición frontal al reparto de inmigrantes entre autonomías que contempla la

reforma de la Ley de Extranjería impulsada

por el

Gobierno de España.

El texto pactado en el sur peninsular recoge, además, otras medidas vinculadas a la

política migratoria. Entre ellas figuran un plan para agilizar el retorno de los menores a sus países de procedencia, la retirada de subvenciones a organizaciones no gubernamentales, la prohibición del burka y el nikab, así como la denominada “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas públicas.