El vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del Partido Popular en las islas, Manuel Domínguez, advirtió este jueves a Andalucía de que la ley «hay que cumplirla» ante la negativa de la comunidad autónoma de acoger a más menores migrantes extranjeros no acompañados que sean derivados a la región.

Así, Domínguez se ha desmarcado del acuerdo alcanzado por su compañero de partido, Juan Manuel Moreno, con Vox, para presidir la Junta de Andalucía. En el texto, ambas formaciones se oponen a recibir a niños y niñas que han migrado en solitario y han llegado a territorios con su red de acogida saturada, como es el caso del archipiélago.

Una cuestión que, desde hace un año, es obligatoria gracias a la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. «Las leyes están para cumplirlas, y si la ley dice que hay que derivar a menores no acompañados, se tiene que cumplir, le guste a quien le guste», incidió el vicepresidente del Ejecutivo regional en una rueda de prensa en la que presentó nuevas ayudas para los trabajadores autónomos del archipiélago celebrada este jueves en Las Palmas de Gran Canaria.

No obstante, como ha defendido desde que se pusiera sobre la mesa el cambio en la norma de extranjería para que la tutela de estos niños y niñas se compartiera entre las distintas comunidades del territorio nacional, desde el PP canario se sigue creyendo que la tutela de estos chicos y chicas «debería de recaer» en el Gobierno de España, como ha sucedido con los niños solicitantes de asilo. «Así lo ha dicho el PP en el archipiélago, así lo ha dicho el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, y yo respaldo esa medida», incidió Domínguez.

Por tanto, dijo, si el Estado, en estos momentos, «no quiere asumir esa responsabilidad» y deja la pelota «botando en el tejado de las comunidades autónomas», lo que hay que hacer es «cumplir» con la norma.
El texto que han suscrito los de Génova y la formación de Santiago Abascal en Andalucía para investir a Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta, conformado por 150 puntos, dedica un apartado a la gestión de la migración en el que, entre otras cuestiones, se rechaza a seguir acogiendo a niños y niñas que han llegado solos a España. Cabe recordar que esta comunidad autónoma, después de la última actualización aprobada por el Gobierno central, es la que más capacidad de respuesta tiene, con 3.009 plazas.

Además de esta cuestión, el acuerdo incluye la supresión «total» de las subvenciones destinadas a las ONG que se hacen cargo de la atención de las personas migrantes, endurece el régimen interno de los centros de menores, abre la puerta a impulsar planes de retorno y repatriación y prohíbe el uso del burka y el nicab en espacios públicos.

A todo ello se suman las amenazas del resto de regiones gobernadas por el PP de tumbar la actualización de la capacidad de acogida de las regiones, contemplada por la ley, y que consideran que se aprobó «de manera ilegal».

Mientras, Canarias sigue reclamando una atención digna para los niños y niñas que llegan solos. A esto hay que añadirle la aplicación del pacto sobre Migración y Asilo de la UE, el cual contempla controles más estrictos para los mayores de edad, mientras que la atención de los niños y niñas queda desdibujada. Es por ello por lo que el Gobierno regional teme que la llegada de menores aumente.