La muerte de otro ciudadano mexicano durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no puede tratarse como un incidente aislado ni despacharse con la promesa rutinaria de una investigación. Cada nuevo caso de brutalidad policial es una señal de alarma sobre la capacidad de la mayor potencia del planeta para traspasar todos los límites en nombre del control migratorio

La política de inmigración es un derecho soberano de cualquier país, y también lo es proteger sus fronteras y combatir a las redes criminales que se lucran con la desesperación de millones de personas. Pero ninguna de esas facultades autoriza a convertir a los migrantes en enemigos ni a normalizar el uso de una fuerza que, con demasiada frecuencia, es letal. La seguridad nunca puede construirse sobre la suspensión de los derechos humanos.

Desde hace años, y sobre todo en las dos Administraciones de Trump, la retórica estadounidense ha contribuido a instalar una peligrosa asociación entre inmigración latina, criminalidad y amenaza nacional. Ese discurso, amplificado por el presidente de EE UU y asumido por sectores cada vez más amplios, no solo contamina la conversación democrática. También acaba permeando la actuación de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Cuando un agente percibe antes un peligro que una persona, el margen para el abuso se ensancha.

Los mexicanos conocen bien esa realidad. Constituyen la mayor comunidad migrante en Estados Unidos y son una parte esencial de su economía. Han contribuido durante décadas al crecimiento del país vecino mientras soportaban una creciente hostilidad política y social. Que seis de ellos hayan perdido la vida en actuaciones del ICE obliga a preguntarse si existe un problema estructural que trasciende la conducta de determinados agentes.

Durante tiempo, México respondió a estos episodios con la vía diplomática habitual: protestas consulares, solicitudes de información y llamados a esclarecer los hechos. Ese camino ha demostrado ser insuficiente cuando las respuestas son tardías o parciales, o simplemente no llegan. La decisión del Gobierno mexicano de acudir a los tribunales estadounidenses representa un cambio de estrategia que merece respaldo. No supone una confrontación entre Estados, sino el recurso a los mecanismos del Estado de derecho para exigir responsabilidades allí donde deben dirimirse: ante la justicia. Ese paso tiene además un valor simbólico. Durante años, Washington ha señalado las violaciones de derechos humanos, la violencia y la impunidad que aquejan a México. El escrutinio debe ser recíproco. También EE UU debe aceptar que sus instituciones sean examinadas cuando existen indicios de abusos graves contra personas bajo su jurisdicción.

La fortaleza de una democracia no se mide por la dureza con la que persigue a los más vulnerables, sino por su capacidad para someter a control a quienes ejercen el poder. La muerte de un migrante nunca debería ser el precio asumible de una política migratoria, sino el fracaso del compromiso con los derechos humanos que Estados Unidos dice defender.