El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que sería “inexplicable” que se aprobara en España un nuevo modelo de financiación autonómica que “sólo apoya” una comunidad, en referencia a Cataluña, y que a su juicio “perjudica” al resto de autonomías. Además, añadió que se trata del pago de un “precio político” para “alargar” la legislatura y que el Gobierno pueda ostentar más tiempo el poder.

Asimismo, aclaró que todavía no han recibido la propuesta sobre el sistema de financiación autonómica que el Gobierno prevé remitir en estos días a las comunidades autónomas. “Todavía no ha llegado”, dijo, si bien precisó que el próximo 14 de julio tendrá lugar una comisión técnica de direcciones generales en la que les explicarán los detalles del modelo.

En ese sentido, el titular de Economía y Hacienda rechazó la propuesta que propone el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya que recordó responde al documento entregado por el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, y que aceptó el presidente del Gobierno. En su opinión, algo “suficientemente importante” como la financiación no puede ser una “moneda” para el pago del “precio político” para conformar una mayoría parlamentaria.

Al respecto, Fernández Carriedo aseguró que todas las comunidades, menos Cataluña, a la que no citó, no apoyan la reforma del modelo que plantea el Gobierno y que podría validarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) previsto para el 29 de julio. No obstante, tendrá que convertirse en una ley orgánica que debe tramitarse en el Congreso de los Diputados y el Senado, por lo que consideró “es posible” que ni siquiera llegue a aprobarse.

Según el consejero portavoz, la próxima convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera puede convertirse en un “trámite” puesto que el voto del Gobierno equivale al de todas las comunidades, por lo que con que una autonomía respalde la propuesta de la nueva financiación, el Ejecutivo de Sánchez puede superar este paso, a pesar de que recordó la “mayoría” de las comunidades rechaza el sistema diseñado por el Ministerio de Hacienda.

Finalmente, Fernández Carriedo aseguró que la Junta utilizará todos los mecanismos jurídicos a su alcance si se llega a aprobar el nuevo modelo, a través de una ley orgánica, para dar “satisfacción” a un partido independentista, porque con ello sus “perjuicios” se “generalizarían” a toda España.

El “fraude” de las bajas

Por otra parte, el portavoz de la Junta apostó por “corregir” entre "todos” y “sin perjudicar” los derechos de los trabajadores cualquier tipo de “fraude” o “deficiencia” en las bajas laborales, que deriven en casos de absentismo.

Fernández Carriedo aseguró que en los casos en que existe una baja médica por causas justificadas están “garantizados” los derechos de los trabajadores y se centró en la lucha contra el fraude en relación a las propuestas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que han sido matizadas por su formación.

Al respecto, el consejero portavoz apostó por la “mejora” del funcionamiento de la administración o por otros “fórmulas”, pero “sin perjudicar” los derechos de los trabajadores. “Siempre es bueno hacer una reflexión de cómo mejorar”, dijo, pero sin poner “en riesgo en modo alguno” el derecho a una baja médica.

“Reflexionar y analizar siempre es positivo”, zanjó Fernández Carriedo, quien agregó que en el ánimo de todos debe estar implementar soluciones frente al “fraude”.

Menores migrantes

Además, el portavoz subrayó que la Junta de Castilla y León solicitará a la Fiscalía la realización de pruebas para verificar la edad de los menores migrantes no acompañados (menas) cuando existan “dudas razonables”, tanto para conocer si han alcanzado la mayoría de edad, por lo que ya no estarían amparados por el régimen de acogimiento, como para determinar la “mejor” atención en función de su desarrollo vital, lo que para el Ejecutivo ofrece también “mayor transparencia”.

Fernández Carriedo, explicó que la realización de estas pruebas, avanzadas por el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, es algo “establecido” y “regulado”, que la propia Administración autonómica ha solicitado a la Fiscalía en otras ocasiones anteriores.

De esta forma, el consejero portavoz precisó que será la Fiscalía la que determinará si es conveniente hacer este tipo de pruebas, que recordó están previstas en la normativa vigente, cuando lo solicite la Junta en caso de que tenga “dudas razonables”. El objetivo, insistió, en lograr la “mayor transparencia posible" en este servicio para saber “a ciencia cierta” la edad de los menores migrantes cuando no exista una documentación que lo acredite.

Asimismo, señaló que la Junta es competente en la protección de los menores no acompañados, por lo que puede solicitar a la Fiscalía las pruebas de edad para determinar si alguno de los chicos acogidos debe abandonar este sistema de tutela. Además, con ello aseguró que pueden adaptar los servicios prestados, a través de programas individualizados, a su edad, ya que precisó que no es lo mismo que tengan 12 años que 15 o 17.

“Vamos a analizar caso por caso”, insistió el consejero portavoz al ser preguntado en qué se basarán las “dudas” del Ejecutivo, ya que señaló las pruebas no las hará la Junta, sino que es algo que depende de la “iniciativa” de la Fiscalía. No obstante, insistió en que es conveniente conocer la edad en aquellos casos que hayan perdido su documentación o no sea accesible, tanto por si ya han alcanzado la mayoría de edad, lo que les permitiría disponer de su capacidad de “libertad”, como si no lo son para determinar su atención educativa o laboral.

Por otra parte, Fernández Carriedo recordó que la Junta no tiene competencias en materia de justicia, por lo que no puede ordenar la repatriación de ningún inmigrante. Sin embargo, añadió que el Ejecutivo cree que lo “mejor” para los menores es estar con su familia, por lo recordó que se hace una labor “paralela” a la de la acogida para ver si cuentan con familiares en España o fuera, por lo que no descartó la posibilidad de suscribir algún tipo de convenio para facilitar su regreso a la unidad familiar.

Finalmente, el consejero portavoz insistió en que “con carácter general” para la Junta siempre es mejor que un menor esté con su familia que bajo el régimen de protección y tutela de la Junta, que señaló es una vía cuando no se pueden garantizar unas “condiciones adecuadas” en el entorno familiar.