Redacción
Madrid – El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, explicó ayer tras la
reunión con la secretaria de Estado de Cooperación Territorial del
Ministerio de Administraciones Públicas, Ana Leiva, en el marco de la
Comisión Bilateral de Cooperación, que Galicia ha aumentado «su capacidad
normativa» sobre los impuestos estatales de matriculación de vehículos y
de venta minorista de hidrocarburos (el llamado «céntimo sanitario»), pero
precisó que «no está en las previsiones» del Gobierno regional «aumentar
estos impuestos».
El vicepresidente gallego señaló que se ha
llegado al acuerdo de que la Xunta pueda gravar hasta con 4,8 céntimos el
litro de combustible para poder financiar la sanidad pública. Hasta hoy,
la Xunta podía gravar con un máximo de 2,4 céntimos el litro de
combustible, impuesto que se aplicaba en 2,4 céntimos a las gasolinas, 1,2
al gasoil y que dejaba libre de aplicación al combustible pesquero y
agrícola.
Asimismo, el Gobierno regional tendrá la posibilidad
de aplicar una recarga de hasta el 15 por ciento con respecto al impuesto
sobre la matriculación de vehículos. Hasta el momento, la Xunta podía
aplicar un recargo máximo del 10 por ciento, pero, de hecho, no lo ha
aplicado en ningún momento. De esta manera, Quintana insistió en que la
Xunta puede, «cuando quiera», aumentar estos impuestos, pero que «por el
momento» no tiene intención de hacerlo. Quintana se felicitó de que se
haya llegado a este acuerdo porque «confiere mayor autonomía» a la Xunta,
y porque el Gobierno regional puede decidir «si los gallegos pagan más
impuestos o si los gallegos pagan menos impuestos».
Adopciones
y autotutela
Por otra parte, Quintana indicó ayer que el Gobierno
central y el regional han llegado a un acuerdo de crear, en un plazo de
seis meses, «una comisión técnica de trabajo» para tratar los asuntos que
hacen referencia a las adopciones y a la autotutela. De esta manera, se
evita que la Administración del Estado presente un recurso ante el
Tribunal Constitucional contra varios artículos del Derecho Civil de
Galicia, recurso que hasta el momento el Gobierno central barajaba
presentar. Y es que el Gobierno central considera que las dos figuras
recogidas en esa normativa gallega, que hacen referencia a la adopción y
la autotutela, invaden las competencias del Estado y no son propias del
Derecho gallego.
«Ante esta situación, caben dos posibilidades
- afirma Quintana – , que nos veamos en el Tribunal Constitucional o que
busquemos una vía de acuerdo, y el Gobierno gallego está siempre por la
vía del diálogo». Así, el vicepresidente regional reconoció que llegar a
un acuerdo «no es fácil» porque el Estado considera que los temas de
adopción no son propios del Derecho civil gallego, mientras que la Xunta
considera que el Estatuto gallego les otorga «autonomía para legislar
sobre estos aspectos».
Finalmente, el vicepresidente de la
Xunta manifestó que existen otras competencias, como la del Parque
Nacional de las Islas Atlánticas, que, a su juicio, se pueden hacer «ya
efectivas». En el caso de las competencias de cultura, apuntó, la Xunta
tiene ya regula «la gestión de determinados centros culturales que en su
día pertenecieron al Estado», y añadió que ahora «se está trabajando para
que, además de la gestión, la Xunta tenga la titularidad de los inmuebles».
En el apartado de energía, agregó, «lo que va más adelantado es el traspaso
de las competencias de explosivos», y sobre la de tráfico dijo que «se
está trabajando en el itinerario sy traspaso efectivo» aunque reconoció
que «es bastante más compleja y difícil».
Comunidad solidaria
En otro ámbito, el Ejecutivo
gallego mostró ayer «voluntad política» de poder acoger a alguno de los
500 menores inmigrantes que tienen que ser trasladados a la Península, una
vez que se fijen las condiciones en las que se realizará el traslado y
estancia por parte de los correspondientes departamentos del Gobierno
central y de la Xunta.
El secretario general de Emigración e
Inmigración, Manuel Luis Rodríguez, asistió ayer en Madrid a la reunión
del Consejo Superior de la Inmigración, que estuvo presidida por el
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y donde se dieron
cita responsables del Gobierno, comunidades autónomas y la Federación
Española de Municipios y Provincias.