Resulta comprensible que desde Euskadi y desde el conjunto de Europa estemos prestando una atención especial a la guerra imperialista de Putin contra Ucrania y a las guerras en Oriente Próximo. Además de destrucción y de la pérdida de vidas humanas –en Gaza y Cisjordania, con claros tintes de genocidio contra el Pueblo palestino–, estos conflictos bélicos están provocando un estrangulamiento geopolítico y una grave crisis energética, económica y del multilateralismo, lo que pone en serio riesgo nuestra seguridad y nuestro bienestar.

Pero, todo ello no es óbice para que, desde nuestros principios de defensa de la universalidad de los Derechos Humanos y de la Paz, tengamos la obligación de ocuparnos de la crítica situación que desde hace más de tres años sufre Sudán, considerada, por organismos como la ONU, como la mayor y la más grave emergencia humanitaria y de desplazamiento que vive actualmente el mundo. Y, sin embargo, es una crisis a la que le estamos dando la espalda.

Ya se han contabilizado más de 51.000 muertes de civiles desde abril de 2023. El conflicto, además, está dejando más de 14 millones de personas desplazadas. La mayoría de ellas son mujeres y niños, que huyen de la violencia en busca de un lugar seguro. Y cuando lo logran, en su mayoría, llegan desnutridas, deshidratadas y traumatizadas, tras sufrir o presenciar graves violaciones de derechos humanos, como la violencia sexual relacionada con el conflicto, el reclutamiento forzoso, violaciones, secuestros, detenciones arbitrarias, masacres y otros abusos muy graves.

Millones de niños han pasado ya más tres años de su infancia desplazados, con profundas y duraderas consecuencias para su bienestar y desarrollo. La mayoría ha tenido poco o ningún acceso a la educación.

De los desplazados, más de 4,5 millones han huido a países vecinos que, pese a su falta de recursos, mantienen sus fronteras abiertas. Las comunidades locales comparten lo poco que tienen, mientras la población civil continúa pagando el precio más alto de un conflicto que no muestra señales de terminar. Chad acoge hoy el mayor número de refugiados sudaneses, aunque también se han registrado llegadas a Egipto, Sudán del Sur, Etiopia, Libia, la República Centroafricana y Uganda.

Adicionalmente, la emergencia humanitaria se agrava con una crisis alimentaria catastrófica: más de la mitad de la población padece hambre extrema, y el número de niños que necesitan ayuda humanitaria se ha duplicado este año, alcanzando los 15 millones. Además, los efectos del cambio climático, las tasas de desnutrición, la escasez de agua y los daños en las infraestructuras han aumentado la amenaza de brotes epidémicos.

Más de 30 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. Sin embargo, incluso cuando el hambre y el cólera se extienden por todo Sudán, el acceso de la ayuda humanitaria está deliberadamente bloqueado.

El conflicto en Sudán es una guerra contra la población civil. Las partes en conflicto –dos líderes, uno gubernamental y otro opositor, que luchan por el poder– están cometiendo crímenes de guerra y, de manera generalizada, violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Millones de civiles intentan sobrevivir sin alimentos ni agua. La guerra se está caracterizando por ataques despiadados y brutales contra la población civil, como el ocurrido en octubre de 2025 en El Fasher, donde los opositores de las Fuerzas de Apoyo Rápido masacraron a civiles y cometieron otros crímenes atroces. Pese a todo ello, el pueblo sudanés sigue resistiendo.

Para entender mejor esta guerra que desangra Sudán se necesita un mapa con diferentes niveles: el del conflicto político, el de la división religiosa, el de las etnias, el de los clanes y tribus, el de las lenguas, en de las diferencias económicas y los recursos y el de las divisiones coloniales. No se trata, por lo tanto, de una guerra, sino de muchas y multidimensionales, que requiere una respuesta compleja que combine diversos factores de solución. No cabe, no obstante, caer en el error de pensar en una población enfrentada y dividida por dos opciones políticas.

Hablamos de una guerra internacionalizada, donde quienes apoyan a uno u otro bando impiden que el conflicto termine. Y aún peor: éste podría extenderse puesto que la guerra en Sudán podría desestabilizar a Chad, Somalia, Etiopía, el Sahel y otros países más alejados del Cuerno de África y del África Oriental.

Porque Sudán es el arquetipo de los nuevos conflictos regionales donde las dinámicas locales e internacionales se cruzan cada vez más y las crisis humanitarias se agravan por rivalidades y tensiones geopolíticas.

La impunidad debe terminar. La Comunidad Internacional, incluida Euskadi, debemos reaccionar. Es urgente acabar con la violencia y avanzar hacia la paz; impedir que las armas lleguen a Sudán; y hacer que la ayuda humanitaria sea incrementada y desbloqueada.