No habrá consulta a Europa. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado llevar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes desarrollado en España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como suspender el real decreto del pasado 14 de abril por el que se activó dicha regularización.

Tal y como informó EL MUNDO, el Alto Tribunal planteó el pasado 30 de junio a las partes la posibilidad de formular ante el TJUE “una cuestión prejudicial interpretativa en relación con una serie de extremos del real decreto que en su caso podrían entrar en conflicto con el derecho de la UE”.

Sin embargo, los magistrados han acordado que “en relación con el planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Sala entiende que, atendidas las alegaciones de las partes, una vez acordada la no suspensión en los presentes autos, no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal”.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico indican que al haber rechazado la Sala suspender de manera cautelar el decreto carece de sentido “en este momento” plantar la prejudicial. Las mismas fuentes no descartan que la cuestión pueda elevarse al TJUE una vez que haya finalizado la tramitación de la demanda.

A las decisiones adoptadas no se formulan votos particulares discrepantes por ninguno de los tres magistrados, Wenceslao Olea, Carlos Lesmes y Fernando Román.

La Abogacía del Estado, en representación al Gobierno Central, se había opuesto a acudir a la Justicia europea, una opción que sí avalaron la Comunidad Valenciana y Aragón, que son los gobiernos autonónomicos que impugnaron la regularización.

El Supremo ya rechazó paralizar la regularización el 22 de mayo, tras solicitarlo la Comunidad de Madrid y Vox.