La Policía Nacional tiene localizadas «nuevas rutas» para la llegada de inmigrantes a España a raíz de la regularización masiva puesta en marcha por el Gobierno el pasado mes de enero. La última parte desde Finlandia y Dinamarca y tiene como destino Barcelona. Las víctimas son ciudadanos indios, según detallan fuentes policiales a este periódico.

Desde que el Ejecutivo central llegase a un acuerdo con Podemos para normalizar la situación administrativa de cientos de miles de personas que ya trabajan en nuestro país antes del último 31 de diciembre, la Comisaría General de Extranjería, competente en la materia, ha identificado casi una decena de nuevos caminos que los extranjeros recorren engañados por las mafias que trafican con las vidas de seres humanos, convencidos de que al llegar podrán conseguir papeles con los que tratar de normalizar su situación irregular.

Una de las últimas operaciones policiales se saldó con 18 detenidos, la mayoría de nacionalidad india y pakistaní que traían inmigrantes desde el país de Asia del sur. Los arrestos se produjeron en la zona de los municipios de Vic y L’Hospitalet de Llobregat, en la provincia de Barcelona, donde se realizaron además seis entradas y registros. La organización criminal desarticulada se dedicaban a tratar de sortear el proceso de la regularización de extranjeros con ciudadanos de India.

Lo que más llamó la atención de los investigadores, apuntan las mismas fuentes, era el recorrido que hacía la caravana de inmigrantes . Salían desde Finlandia y Dinamarca para terminar en Barcelona, lo que hace pensar que eran personas que vivían en esos países desde hace tiempo y que optaron por trasladarse hasta España a raíz del «efecto llamada» de la medida del Gobierno.

El «modus operandi» es el mismo que los agentes de Extranjería llevan detectando meses: las mafias fabrican documentos falsos, como padrones o facturas de suministros, que permitan a las víctimas asegurar que llevan en territorio nacional desde antes de final del año pasado, que fue uno de los requisitos que marcó el Ejecutivo, además de presentar un certificado de ausencia de antecedentes penales, aunque no policiales, algo que criticaron los sindicatos durante los meses que ha durado el proceso.

El periodo para entregar la documentación necesario para acogerse a la medida terminó el 30 de junio, pero la Policía sigue viendo que las mafias de personas están trabajando bajo las mismas premisas de conseguir los papeles necesarios para traer extranjeros. Ahora se ha abierto un plazo de tres meses en la que los funcionarios analizarán caso por caso si los expedientes están en regla o no. El ministerio de Elma Saiz ha recibido cerca de 1,3 millones de peticiones, lejos del medio millón que pronosticaba, pero cercano al 1,2 del que advirtió la Policía.

El Gobierno ha decidido «apretar el acelerador» con la regularización. Como adelantó este periódico, en las primeras horas se dio el visto bueno a casi 2.000 peticionarios, que recibieron sus Tarjetas de Identidad de Extranjeros (TIE), un documento del tamaño de un DNI. Estas personas, por ejemplo, ya pueden trabajar sin problema y cotizar a la seguridad social.

Según datos de la Secretaría de Estado de Migraciones, el 81% de los 1.174.978 inmigrantes que han solicitado la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno tiene menos de 45 años y el 43% son mujeres .

El Ministerio ha admitido a trámite 609.737 peticiones, lo que conlleva un permiso temporal para residir y trabajar en España, mientras que se han resuelto de forma definitiva en torno a 11.000, a la espera de que en las próximas semanas se amplíen los datos.

La gran mayoría de peticiones, 977.876, lo que se traduce en el 83,2%, se han presentado de forma telemática, un índice similar a otros trámites de extranjería.

Por su parte, la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, explicó hace unos días los resultados de una encuesta voluntaria a la que han respondido 36.187 solicitantes. De ellos, 8 de cada 10 tienen competencia lingüística plena, dos de cada tres tienen educación postobligatoria y casi la mitad (49%) dispone de carnet de conducir.