En el Gobierno de Canarias hay tranquilidad ante el reciente acuerdo entre el Partido Popular (que cogobierna junto a Coalición Canaria en el archipiélago) y Vox para investir a Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. En el texto, conformado por 150 puntos, su apartado dedicado a la gestión de la migración va totalmente en contra de las tesis defendidas por las islas. Precisamente, en uno de ellos se rechaza acoger a menores migrantes extranjeros que han llegado solos a España, siendo Andalucía la región con más plazas de acogida 3.009 según la última actualización aprobada por el Gobierno central.

Sin embargo, el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, recordó que, tras la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, la solidaridad es «obligada» para atender a los niños y niñas que llegan a territorios con su red de atención saturada, como es el caso del archipiélago. «Nosotros entendemos que hay una ley en vigor y que, por lo tanto, todas las comunidades autónomas del conjunto del Estado están obligadas a dar respuesta cuando un territorio se encuentra en situación de saturación», explicó el portavoz del Ejecutivo.

La firma de este acuerdo se produce cuando Canarias aún sigue reclamando que se atienda de manera digna a los menores migrantes que han llegado solos al archipiélago. Además, la modificación legislativa respondió a una histórica demanda de las islas para aliviar la presión sobre su sistema de acogida. No obstante, la medida contó desde el principio con el rechazo de las comunidades del PP, mientras Vox amenazaba en distintos momentos con romper sus acuerdos de apoyo autonómico.

Así, el acuerdo firmado entre los de Génova y la ultraderecha contempla, entre otras medidas, la «supresión total» de las subvenciones a las entidades del Tercer Sector que «participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal», además del «endurecimiento del régimen interno en los centros de menores» o la «prohibición del uso del burka y el nicab entre espacios públicos».

Aunque no entró en valor el acuerdo firmado por ambas formaciones en Andalucía, el portavoz del Ejecutivo canario salió en defensa de su socio de Gobierno (el PP) en Canarias, y dibujó una foto distinta al escenario político nacional. Así, dijo, lo ha demostrado el vicepresidente del Gobierno canario y líder de los populares en el archipiélago, Manuel Domínguez: «Ha sido el máximo defensor en primera línea de este acuerdo y de esta ley». Además, apuntó que algunas regiones en las que gobierna el PSOE «también han puesto impedimentos a la hora de aceptar solicitudes» de derivación de los niños y niñas.

De esta forma, mostró su tranquilidad a los futuros recursos que las regiones gobernadas por el Partido Popular puedan presentar. «Cuando el Gobierno de Canarias ha tenido que ir a los tribunales hemos tenido la razón», destacó Cabello.

Y es que las regiones gobernadas por los de Génova ya han mostrado su rechazo a la nueva distribución de plazas aprobada por el Gobierno central y han anunciado medidas judiciales contra el decreto. Las comunidades consideran que el decreto invade competencias regionales y cuestionan algunos de los parámetros utilizados para determinar el número de plazas.