El Gobierno regional llevará a cabo

planes de retorno y procesos de repatriación para inmigrantes ilegales

que se encuentren en la comunidad. Además, se pondrán en marcha

pruebas de edad para los menores no acompañados

que se encuentran en centros de Castilla y León y de procesos para comprobar si tienen familiares viviendo en España.

Así lo ha avanzado este lunes el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales,

Carlos Pollán

, tras reunirse con responsables autonómicos de

Cáritas,

donde anunciaba también que se auditará todo el gasto público de la región para evitar que vaya a la inmigración ilegal y que se dejará de habilitar espacios para menores y se endurecerá el régimen interno de esos centros.

“Tenemos que respetar y valorar el trabajo que hacen nuestros funcionarios

y el personal de esos centros, para que no sufran las situaciones que están padeciendo”, decía Pollán, mientras advertía de que casi el 80 por ciento de los menores a los que se les ha realizado pruebas de edad en Aragón no son tales y que también se ha comprobado en Extremadura que un 18 por ciento de esos menores no acompañados tienen familiares directos en España.

“Estamos atendiendo a menores no acompañados cuando tienen familia directa en territorio español.

Creo que es una circunstancia que no se puede asumir”, añadía, en declaraciones recogidas por ical.

Por otro lado, y ante la decisión del Gobierno de España de aumentar la capacidad de acogida de ‘menas’ hasta las 833, Pollán confirmaba que en los próximos días los servicios jurídicos de la Junta presentarán el recurso porque esta decisión es

“inasumible” para Castilla y León.

“Ahora mismo tenemos 153 plazas y estamos por encima de la capacidad, por loo que multiplicar por cinco esta capacidad es absolutamente imposible”, afirmaba.

En este serntido, aseguraba que tras esta decisión no hay un tema de financiación, de recursos, o de plazas, sino que es una “oposición frontal a la política migratoria de Pedro Sánchez, “que está suponiendo de colapso de los servicios sociales en toda España”, advertía.

Al respecto, señalaba que lo hacen por principios y por responsabilidad política, para no participar en la estafa migratoria que está protagonizando Pedro Sánchez, y porque con esta decisión se cumple el pacto de gobierno con el PP.

El vicepresidente también recordaba que la propia Ley de Extranjería establece que se pueden alcanzar acuerdos con los países de origen para logar “que los menores estén donde tienen que estar, que es con sus padres”.

Además, puntualizaba que las pruebas de edad se deberán hacer en colaboración con la Fiscalía, como está ocurriendo en Extremadura y Aragón. “Aquí seguiremos los mismos plazos y los mismos trámites para poder realizarlos”, apuntaba.

Respecto a las

ayudas a la inmigración comprometidas para este año

, avanzaba que se respetarán, pero concretaba que, a partir de ahora, se estudiarán todas las ayudas y todas las subvenciones que se están repartiendo de cara al futuro.