La Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular y Vox, anunció este domingo que en los próximos días recurrirá el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas, que asigna a Castilla y León una capacidad de acogida para 833 menores.

Tras no participar en la reunión preparatoria de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales que dirige el vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán (Vox), la Junta ha criticado que el Gobierno haya aprobado este reparto de forma «unilateral» y sin el acuerdo unánime de todas las comunidades.

Entiende la Junta de Castilla y León que ese Real Decreto no respeta las competencias que corresponden a cada Comunidad en materia de protección de menores.

El Ejecutivo autonómico ve «criterios políticos»en el origen de este reparto, en lugar de analizar la «capacidad real de acogida de cada territorio, lo que dificulta una adecuada planificación de los recursos y compromete la sostenibilidad del sistema de protección», ha indicado la Junta en su comunicado.

El Gobierno de Castilla y León ya recurrió el Real Decreto de 26 de agosto de 2025, que cifraba en 783 las plazas que debía disponer esta Comunidad, sin que exista una «justificación objetiva» para el reciente incremento.

Argumenta la Junta que la población de Castilla y León ha crecido únicamente un 0,72 % entre agosto de 2025 y mayo de 2026, mientras que el número de menores asignados aumenta un 6,38 %, pasando de 783 a 833.

Para el Ejecutivo autonómico existe una diferencia que «evidencia la falta de proporcionalidad en los criterios aplicados por el Gobierno y su desconocimiento de la realidad de Castilla y León».

El citado decreto es clave para evitar que se repitan situaciones como las vividas por Canarias, con la acumulación de menores migrantes no acompañados en las islas ante la evidencia de la falta de solidaridad de la mayoría de gobiernos regionales.

Batalla contra la regularización

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso planteado por la Junta de Castilla y León contra el Real Decreto de regularización de inmigrantes, contra el que varias autonomías habían formalizado ya recursos similares y que han llevado a esta instancia judicial a consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La Junta ha recordado en un comunicado que su recurso cuestiona la «dimensión sin precedentes del proceso, la ruptura con los criterios históricos de regularización, la flexibilización de los requisitos de acreditación, la falta de participación de las comunidades autónomas y su compatibilidad con el marco europeo de control migratorio».

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que «existen motivos jurídicos sólidos y suficientemente fundamentados para cuestionar la legalidad de este Real Decreto, cuya dimensión y contenido justifican plenamente la interposición del recurso por parte de la Junta de Castilla y León».

El recurso cuestiona, en primer término, el «carácter exacerbado» del proceso extraordinario de regularización previsto por el Real Decreto, ya que supone unas «cifras sin precedentes en la historia de España».

En este sentido, la Junta ha recordado que la previsión inicial del Gobierno situaba el número de potenciales beneficiarios en torno a 500.000 personas, pero las estimaciones más recientes elevan esa cifra hasta aproximadamente 1.100.000, «sin que conste que se hayan analizado ni fundamentado sus naturales efectos», ha añadido esta Administración.

El recurso autonómico cuestiona también que este proceso no pida una acreditación de residencia efectiva y arraigo, junto a una actividad laboral efectiva en España, lo que en opinión de la Junta altera «de forma sustancial los principios que habían inspirado este tipo de procedimientos».

Asimismo, la Junta considera que esta norma estatal supone una «flexibilización sin precedentes de los mecanismos de acreditación exigidos para acceder al proceso de regularización».