En una reciente entrevista de John Müller a José Ignacio Conde – Ruiz, catedrático de Economía y subdirector del centro de análisis Fedea, podemos hallar una simple fórmula aritmética para que las Belarras, esas chicas tan apasionadas de lo racializado que quieren acabar con los fachas por sustitución –lo que supone un claro avance sobre sus predecesoras del 36, más proclives al paseo por la Casa de Campo–, entiendan cuál es el problema de la vivienda, que no tiene nada que ver con sus firmes convicciones de que todo constructor, promotor o propietario es un malvado especulador dispuesto a exprimir a los pobres hasta la última gota de su sangre. No. Como señala Conde – Ruiz, nos enfrentamos a un simple problema de oferta y demanda. Aumenta la población geométricamente, impulsada por la inmigración, más de cinco millones de extranjeros han fijado su residencia en España desde 2015; los jóvenes se desplazan hacia las grandes ciudades españolas, que es donde se concentran los empleos y, en consecuencia, son las únicas que crecen con fuerza; hay más divorcios y la esperanza de vida retrasa el reemplazo por herencia. Es decir, desde hace más de una década se han creado más hogares que viviendas, hasta llegar a la situación actual, donde hay un déficit de 700.000 pisos en las zonas tensionadas. Si, además, seguimos con las políticas de recluta de inmigrantes, no digo yo que no sean necesarias dada la caída de la natalidad y el proceso de envejecimiento, el déficit seguirá incrementándose, con los jóvenes en la primera fila de reparto de bofetadas. Conde – Ruiz señala a Müller otra realidad, la de que se debe regular la vivienda, porque es un bien de primera necesidad, pero que no se puede actuar como si las leyes de oferta y demanda no existieran, que es lo que hacen las Belarras cuando desde un sectarismo pasmoso se empeñan en descargar la responsabilidad social en los propietarios de viviendas en alquiler o en los promotores, como si el mercado inmobiliario no solo fuera ilegal, sino tan despreciable como la trata de blancas. Es cierto que, desde un punto de vista competencial, el Estado tiene poco que hacer en un problema que depende de las autonomías, –«éxito» que hay que reconocerle al PSOE, que llevó al Constitucional la reforma que pretendía hacer José María Aznar, para recuperar competencias–, pero siempre se puede actuar desde la legislación nacional, habilitando suelo para construir, reduciendo tasas e impuestos, adelgazando una burocracia excesivamente discrecional y, sobre todo, dificultando que cualquier activista social, ecologista o medio pensionista pueda paralizar judicialmente proyectos de urbanización durante décadas. Tal vez, bastaría con imponer algunas fianzas antes de admitir a trámite las impugnaciones. Por último, pero no menos importante, nuestros responsables municipales y autonómicos podrían cambiar el chip, entender que estamos ante una situación de emergencia habitacional que no va a desaparecer por arte de magia y ampliar sus horizontes mentales sobre el urbanismo. Nos encantan esos barrios residenciales, de casas de cuatro o cinco pisos de altura, con jardines, zonas verdes y coquetos centros comerciales; esa tipología que repercute sobre el suelo con unos precios imposibles. Rechazamos cosas como el madrileño Barrio del Pilar, donde, en su momento, más de 20.000 familias vivieron y criaron a sus hijos, pero no pasa nada, y menos con las nuevas tecnologías de construcción, por tirar hacia lo alto, por edificar en altura, aprovechando al máximo el terreno. Lo hacían en Nueva York y no les iba mal. Luego, llegaron sus Belarras.