Las comunidades autónomas expresaron ayer ante el Consejo Superior de Políticas de Inmigración, que preside el ministro Jesús Caldera, su disposición a hacerse cargo de la tutela de 500 inmigrantes menores de edad que viven hacinados en centros de acogida de Canarias. Son jóvenes de entre 13 y 17 años, la mayoría procedentes de Senegal, Mali y Guinea – Bissáu, que no pueden ser repatriados por la imposibilidad de localizar a sus familias o porque éstas los rechazan. Las autonomías del PP prometieron estudiar «con ánimo positivo» el programa de traslados para acoger a parte de ellos.


Modelo de tutela


La Xunta, representada por el secretario xeral de Emigración, Manuel Luis Rodríguez, manifestó su compromiso formal de participar en el proceso. Rodríguez eludió concretar el número de menores de los que Galicia está dispuesta a hacerse cargo, ya que es una decisión que deberá adoptar conjuntamente con la Secretaría General de Bienestar, que es la que tiene la responsabilidad en esta materia.


Apuntó que el número de menores que se acojan dependerá de uno de los dos modelos de tutela que se decida adoptar: o bien que cada comunidad gestione en sus centros a todos los menores, o que los inmigrantes sean repartidos en centros de la Xunta y otros organismos que colaboren con el Gobierno autonómico.


A partir de hoy martes, técnicos de la Secretaría de Estado de Inmigración empezarán a reunirse con funcionarios de las comunidades. Cada una de ellas indicará el número de plazas que puede ofrecer en sus entidades tutelares, y si dispone de otras que puedan asumir oenegés o instituciones especializadas, que recibirían financiación directa de la Administración central.