Juan José Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado de EHU, cree que el PP ha cruzado el «Rubicón» trumpista, al sugerir un pucherazo y comprar parte del relato a Vox, también en lo que tiene que ver con la prioridad nacional, que cree que es «ilegal».

– ¿Cómo califica que alguien pueda afirmar que puede haber un «pucherazo electoral» en España?

– Yo creo que es convertir a este partido en un antisistema. Si su estrategia política es la misma de Trump, que es decir que aquí hay una vocación de intentar cometer una absoluta irregularidad electoral, socava la confianza en el sistema. Está tocando el corazón del sistema democrático. Porque si hay alguien capaz de pervertir el sistema democrático es que ya no hay una democracia. Es muy serio atentar contra ese principio fundamental en una democracia ya muy tocada. Anticipar que hay una estrategia que puede triunfar orientada a socavar el cimiento del principio democrático fundamental, que es que la ciudadanía vota, es una acusación gravísima que no sé si se dan cuenta que genera todavía más escepticismo social. Y además, cosifica a los inmigrantes. El PP ha cruzado el Rubicón de algo que es muy peligroso para la convivencia como ocurre en Estados Unidos.

– ¿Están lanzando bulos PP y Vox al mezclar conceptos como la regularización y la ‘ley de nietos’?

– Enrarecen el ambiente político y provocan confusión social. Y sí, se pueden definir como tal, como bulos. Lo que más me preocupa como ciudadano es que de Vox puedes esperar cualquier cosa. Pero que el PP le compre el discurso, me parece preocupante y triste, aparte de otros adjetivos que cabría poner.

– ¿Irresponsable?

– Totalmente. Está haciendo populismo puro cuando estás manejando unos conceptos de una manera tan lamentable, por falsa. Sin embargo, es penoso el ambiente y lo que se genera.

– Se está metiendo en el mismo saco electoral regularización y la llamada ‘ley de nietos.’ ¿Puede diferenciarlos?

– Han metido en el mismo saco todo lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio y efectivamente son dos cosas que creo que se pueden clarificar. Para cualquiera de esos inmigrantes a los que después de este proceso les regularicemos, el plazo genérico para poder votar son diez años. Sí que hay 14 tratados de doble nacionalidad con países básicamente latinoamericanos, con los que se reduce hasta cinco años. No es lo mismo estar regularizado que obtener la nacionalidad española por naturalización que requiere de una serie de requisitos. Los regularizados está claro que no van a votar el año que viene. En ningún caso, ni en las elecciones que viene, ni en probablemente tres legislaturas después. En lo que afecta al diabólico mensaje político de decir que se está llenando de españoles artificiosamente para que voten, y a partir de ahí que voten a Sánchez, es sencillamente imposible. Imposible de entender que una formación política que se diga seria sea capaz de decir esa barbaridad.

– En cambio, las personas que adquieran la nacionalidad española a partir de la llamada ‘ley de nietos’ sí que tendrán derecho de voto, ¿no?

– Esa es otra buena cuestión, sí. Puede obtener nacionalidad española quien tenga padres o abuelos españoles. Y segundo, que el motivo de esa emigración fue el exilio como consecuencia de la Guerra Civil. Pero yo también descendería a las cifras, es importante tener en cuenta en qué medida realmente esto tiene tanta incidencia. El censo de extranjeros, lo que llamamos censo electoral de residentes ausentes, que ahí es donde van a entrar todos los que se nacionalizan, es lo que llamamos CERA. En el 96, eran un 1,5% más o menos del censo electoral total, ahora son algo más del 6%. Son 2.200.000 personas. Electoralmente, la comprobación que se ha hecho es que realmente el voto extranjero sirvió, por cierto, en 2019 para que el PNV perdiera un diputado en Madrid por Bizkaia, y en 2023 el PSOE perdió otro en Madrid.

– ¿En qué circunscripción votan estos ciudadanos nacionalizados que viven fuera?

– Se hace proporcionalmente. De esos 2,2 millones votan muy pocos, también ese es otro dato muy llamativo. ¿Por qué presumir que van a votar al partido que supuestamente les ha hecho españoles? No les ha hecho españoles el Gobierno de Sánchez, es el Parlamento que ha apoyado una ley y es el Estado el que les da la nacionalidad. Lo que se hace es prorratear proporcionalmente en todas las provincias. No se asigna a estos votantes a Bizkaia o a Madrid, por ejemplo. Se redistribuye proporcionalmente a la población en cada una de las provincias y se suma. Probablemente, lo más aséptico sería crear una circunscripción exterior. Yo la pregunta que le haría a Feijóo, como gallego además, ¿está en contra de que se haga esto? Pero, efectivamente, da esa sensación que está previendo que si no gana, tenga que encontrar un chivo expiatorio.

– ¿Puede producir efecto llamada la regularización?

– En mi opinión no, primero la regularización exigía una serie de requisitos a quienes estuvieran aquí. Este proceso ya ha finalizado administrativamente, y el proceso era regularizar a los que estaban, no a quienes llegan irregularmente de nuevo. Yo creo que el efecto llamada por una normativa como tal no está, en mi opinión, en la mente y en el bolsillo de las mafias que consiguen hacer mover los ámbitos migratorios, porque al final el destino es Europa.

– Y la prioridad nacional, ¿es legal?

– Primero, es absolutamente ilegal por discriminatoria respecto a todos los ciudadanos que no son extranjeros, pero que son ciudadanos europeos de otros lugares, o todos aquellos con los que tenemos tratados de asociación. Dos, la Constitución consagra una serie de derechos fundamentales y habla de no discriminación por razón de raza, sexo, religión, etnia y origen. El derecho de asistencia sanitaria universal es un derecho fundamental en la Constitución. Si pretenden socavar, con una jerarquía anclada en la nacionalidad, el derecho a la salud de una persona respecto a otra, no tiene fundamento constitucional. Además de que estoy convencido de que ningún servicio de urgencias va a ser capaz de hacer esa barbaridad. Es un principio que se ancla en la época de las autarquías, de entender el Estado como una ciudad, un territorio, una fortaleza, un ejército y una bandera. Es contrario a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al tiempo, porque no va a soportar un asalto en el Tribunal Constitucional. Pero de momento sirve para construir este mundo absurdo en el que estamos viviendo de discursos tan llamativos por autárquicos, por egoístas, por inconstitucionales, por discriminatorios…

– ¿Sirve de algo informar sobre el origen de los detenidos?

– Con un criterio de ponderación y de proporcionalidad, sí puede servir. Es un tema muy delicado. Pero yo no diría no lo hagamos en ningún caso o lo contrario, hagámoslo en todos los casos. Y me explico, sí puede servir caso por caso. La primera cuestión, si la estadística revela que casi el 90% de delitos de violencia doméstica tiene un determinado origen latinoamericano, yo no estoy demonizando a los panameños o a los mexicanos o a los colombianos o a los ecuatorianos. Estoy dando una información a la sociedad que es importante. Esto no desincentiva la pelea que tenemos que hacer particularmente los hombres contra la violencia doméstica y machista. Sirve para entender que el concepto de relación de pareja que estas personas traen de su cultura es la que hay que combatir preventivamente en todos los niveles.

– ¿Qué espera del TJUE el próximo 16 de julio sobre la Ley de Amnistía?

– Creo que va a estimar que no hay un choque con los principios del derecho europeo. Con las argumentaciones que en la ley se dan, nos convenzan políticamente o no, pero jurídicamente, tal como está construida la ley, confrontándolo con las cuatro libertades fundamentales de la Unión Europea y con la Carta de Derechos Fundamentales y los derechos en ella recogidos, creo que el Tribunal no va a ser proclive a decir que una ley en estos términos se puede considerar contraria al derecho europeo.

– Si es así, ¿el Supremo podrá negarse a levantar las órdenes de extradición a Puigdemont?

– Cuando el TJUE diga, si lo dijese, que no hay afección en los términos de esa ley a los principios del derecho europeo, el Tribunal Supremo tiene que respetar y ejecutar la ley. No tiene argumentos para no cumplirla.

– ¿No tendría más margen el TS?

– No tiene ya margen de maniobra y si le dice que no hay choque con el derecho europeo, le guste o no le guste la ley, la tiene que ejecutar, la tiene que llevar adelante.

– Por tanto, ¿sería inmediato el regreso de Puigdemont?

– Con toda la cautela del mundo, el regreso sería inminente. Una vez que haya un pronunciamiento, no hay argumentos desde el punto de vista de la judicatura española para no aplicar la ley en su totalidad. Además, todo lo que conlleva lesión o afección a derechos fundamentales en todas las instancias judiciales tiene una exigencia de inmediatez.