Buenas noticias para los servicios jurídicos de Castilla y León, tras conocerse que el Tribunal Supremo acaba de admitir a trámite el recurso planteado por la Junta contra el Real Decreto de regularización de inmigrantes. Un recurso que cuestiona la dimensión sin precedentes del proceso, la ruptura con los criterios históricos de regularización, la flexibilización de los requisitos de acreditación, así como la falta de participación de las comunidades autónomas y su compatibilidad con el marco europeo de control migratorio.

Una impugnación que se llevó a cabo el pasado 14 de abril y que ahora, de momento da la razón al Gobierno regional y como señala el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago «existen motivos jurídicos sólidos y suficientemente fundamentados para cuestionar la legalidad de este Real Decreto, cuya dimensión y contenido justifican plenamente la interposición del recurso por parte de la Junta de Castilla y León».

Este recurso cuestiona el «carácter exacerbado del proceso extraordinario de regularización previsto por el Real Decreto, tanto por su dimensión como por su alcance, y que se refleja en unas cifras sin precedentes en la historia de España. La previsión inicial del Gobierno situaba el número de potenciales beneficiarios en torno a 500.000 personas, aunque estimaciones más recientes elevan esa cifra hasta aproximadamente 1.100.000, lo que evidencia, según la Junta la «dimensión inédita de la medida».

Un Real Decreto, que según este comunicado, rompe con el «criterio que ha presidido los anteriores procesos extraordinarios de regularización en España, en los que la autorización de residencia se vinculaba a la acreditación de una residencia efectiva y arraigo, y de una actividad laboral efectiva en el país». Desde la Junta se apunta que la nueva regulación prescinde de estos requisitos, alterando de forma sustancial los principios que habían inspirado este tipo de procedimientos.

Además, el Gobierno regional considera que esta norma supone una flexibilización sin precedentes de los mecanismos de acreditación exigidos para acceder al proceso de regularización, al reducir de manera significativa las garantías sobre la forma de acreditar la vinculación con España y el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Y González Gago apunta que las comunidades autónomas, como administraciones directamente responsables de la prestación de los principales servicios públicos, especialmente en ámbitos como la sanidad, la educación y los servicios sociales, no han participado en el diseño de una decisión que puede generar una importante presión sobre la capacidad asistencial y organizativa de dichos servicios.

La Junta considera también que el Real Decreto resulta incompatible con el marco de compromisos asumidos por los Estados miembros de la Unión Europea en materia de control de fronteras y política migratoria, orientados a garantizar una gestión ordenada de los flujos migratorios y a evitar procesos de regularización que puedan generar un efecto llamada de carácter masivo.

González Gago afirma que «confiamos en que el Tribunal Supremo, estime la impugnación interpuesta y declare la nulidad del Real Decreto en los términos aprobados».