Más de 14.000 personas en

Asturias

han solicitado acogerse al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno. En total,

14.161 personas presentaron su solicitud en el Principado

dentro de una iniciativa que ha recibido 1.174.978 peticiones en toda España y que ya ha permitido admitir a trámite más de 608.000 expedientes.

La medida, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, concede a quienes cumplen los requisitos una

primera autorización temporal para residir y trabajar legalmente en España.

Asturias, entre las comunidades con menos solicitudes

Según los datos facilitados por el Ministerio,

Asturias se sitúa entre las comunidades autónomas con menor volumen de solicitudes. Solo La Rioja, Cantabria, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron cifras inferiores.

En el extremo contrario aparecen

Cataluña

, con más de 257.000 solicitudes, seguida por la Comunidad de Madrid (202.000), la Comunidad Valenciana (167.000) y Andalucía (161.000).

Por nacionalidades,

el 67% de los solicitantes proceden de América Central y América del Sur. Colombia encabeza la lista con el 26% de las solicitudes, seguida de Marruecos (13,4%), Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%).

Más de 608.000 expedientes ya han sido admitidos

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz,

ha calificado el proceso como “un procedimiento exitoso” y “un verdadero hito en nuestra política migratoria”. Según destacó, esta medida permitirá que “cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”.

El plazo para presentar solicitudes permaneció abierto entre el 16 de abril y el 30 de junio. La regularización nació después de que el Gobierno aprobara un real decreto inspirado en una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 600.000 firmas, que había quedado bloqueada en el Congreso por falta de acuerdo político.

Podían acogerse a este proceso los inmigrantes que acreditasen residir de forma irregular en España desde antes del 1 de enero de 2026 y llevaran al menos cinco meses en el país, así como los solicitantes de asilo que hubieran iniciado el procedimiento antes de esa fecha, siempre que carezcan de antecedentes penales.