La Abogacía del Estado considera que «no es el momento oportuno» para plantear una petición de decisión prejudicial como la que expuso el Tribunal Supremo el pasado martes, cuando abrió la puerta a llevar la regularización de inmigrantes, aprobada por el Gobierno de España, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El alto tribunal quiso preguntar a todas las partes —tanto la Abogacía del Estado como las dos autonomías que recurrieron el decreto aprobado en abril—si la norma entraba en colisión con el derecho comunitario, cuestión a la que respondieron los servicios jurídicos del Estado arguyendo que la iniciativa legislativa se encuentra dentro del «ejercicio soberano de las competencias nacionales».

«Consideramos que a través de estas cuestiones parece someterse a la decisión o interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no sólo la legalidad de su actuación, sino también el análisis de la oportunidad y forma de ejercicio soberano de las competencias nacionales propias de un Estado miembro (al caso, el Reino de España) así como las discrepancias políticas que otros Estados miembros o grupos parlamentarios han podido manifestar sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes». Así se pronunció la Abogacía del Estado en un documento registrado en el Supremo este viernes, posicionándose en contra de elevar la cuestión a la justicia europea.

De esta forma, el escrito aprecia que las dudas que planteó la Sala de lo Contencioso – Administrativo no tienen motivación, además de que señaló que «no es el momento oportuno para su planteamiento». La Abogacía también manifestó que el escrito que el Supremo repartió a las partes con las cuestiones prejudiciales presenta «una serie de omisiones relevantes que impiden una efectiva contradicción o la posibilidad de formular observaciones a las partes», algo que, según apuntaron los servicios jurídicos estatales, puede dar lugar a la inadmisión de la cuestión prejudicial. Además, indicó que la decisión de llevar la norma a Europa «se acerca más a la formulación de un dictamen consultivo sobre cuestiones generales o hipotéticas» que a la de comprobar si choca contra el derecho europeo.

El Supremo planteó el martes la posibilidad de elevar el asunto al TJUE para que aclarara si el decreto aprobado por el Gobierno entraba en contradicción con el Pacto de Migración y Asilo de la UE. El alto tribunal tomó la decisión en el transcurso de la tramitación de los recursos que presentaron las comunidades de Valencia y de Aragón contra la regularización extraordinaria de inmigrantes. De todas formas, y a pesar de la respuesta emitida por la Abogacía del Estado, la pelota sigue estando en el tejado de los tres magistrados del Supremo que están tramitando este asunto (Carlos Lesmes, Fernando Román y Wenceslao Olea) y que tendrán la decisión final de llevar la regularización extraordinaria a la corte de Luxemburgo.