La Comunidad de Madrid se prepara para un nuevo pulso con el Gobierno central por el reparto de menores migrantes no acompañados e incluso acudirá a la vía judicial si prospera la actualización de capacidades anunciada por Moncloa, que apunta a que la región capital debe dar acogida a un total de 2.471 menores en esta situación.

Una decisión que en Sol tachan de «ilegal», ya que nuevamente no ha pasado por la conferencia sectorial, el órgano donde las regiones se reúnen con los ministerios que coordinan el reparto territorial de menores procedentes de Canarias. La Comunidad de Madrid ya anunció por carta al Gobierno el pasado mes de marzo que no acogería más menores dada la situación extrema que atraviesan los centros de la región en lo que se refiere a capacidades, y ante la falta de diálogo institucional por parte de Moncloa.

Ya entonces, Sol advertía al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que haría «responsable» a la Administración central de «cada acto que estos menores cometan contra un ciudadano», dado el clima de inseguridad que además denuncian los alcaldes de municipios que gestionan centros de acogida. Esta misma semana, el Ayuntamiento de Pinto ordenaba el cierre de un recinto recientemente abierto para la acogida de menores que carecía de los permisos necesarios para su actividad. Hace un año ocurrió lo mismo en otro espacio del Gobierno en el municipio de Pozuelo de Alarcón.

Isabel Díaz Ayuso, que viene denunciando cómo el Gobierno de Pedro Sánchez usa la inmigración para buscar el «bloqueo» y el «colapso» de los servicios públicos autonómicos, considera que el Ejecutivo central trata a los menores migrantes «como números», sin importarles en qué estado convivan cuando llegan a la Península. En un almuerzo ofrecido en el Club Siglo XXI, la presidenta regional valoró como «inhumano e insensato» la nueva distribución de menores realizada por Moncloa, a la que tachó de no haber sido «objetiva» de nuevo con esta actualización.

Así, Sol y elGobierno se asoman a un nuevo choque derivado de la crisis migratoria tras un año de continuas discrepancias en esta materia. La Comunidad lleva desde hace meses solicitando al delegado del Gobierno que «reagrupe» a varias decenas de menores migrantes no acompañados con expedientes conflictivos en los centros de acogida de la región. Ante la negativa a tramitar estos casos, la consejería de Asuntos Sociales también se plantea acudir a la vía judicial.

«Incumplimientos» reiterados, denuncian en Sol, a los que ahora se añade una nueva actualización de las capacidades de cada autonomía que no agrada a los presidentes regionales del PP. El portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel ÁngelGarcía Martín, tildó ayer de «ilegal» este nuevo cálculo. Y explicó por qué la Comunidad, una vez más, amaga con ir a los tribunales contra Sánchez: «No ha pasado por la conferencia sectorial, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados el Gobierno de Pedro Sánchez. Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ya están estudiando las posibilidades poder defendernos de este atropello», expresó para señalar cómo Moncloa «se salta los mecanismos de colaboración».

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Son varias las autonomías populares que denuncian las irregularidades que sobrevuelan a este nuevo recuento por parte del Gobierno, al que en la Puerta del Sol ven con especiales «prisas» en los últimos meses con todo aquello relacionado con la inmigración. Desde el reparto de menores migrantes al proceso de regularización masiva o la nacionalización a través de la ley de nietos. Esta última normativa lleva en el centro del debate político toda la semana y el PP ya ha endurecido el tono contra los efectos que pueda generar en las próximas elecciones.

Pese a todo, Isabel Díaz Ayuso, una de las voces más críticas contra la ley de nietos, evita por el momento hablar de «pucherazo» o «fraude electoral». Aunque ayer insistió en que es necesaria «la máxima de las transparencias», ya que el plan del Ejecutivo central «genera dudas». Ayuso, en cualquier caso, ve a Sánchez capaz de hacer «ingeniería» electoral con el voto exterior e incluso «nacionalizar socialistas».