Un total de 1.174.978 personas migrantes han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria, una cifra que desborda las previsiones iniciales del Gobierno y supone un récord en comparación con anteriores procesos de este tipo en España, según ha confirmado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De ese más de un millón de solicitudes, más de 608.000 ya han sido admitidas a trámite, cerca del 52% del total. Ese primer paso permite a las personas solicitantes obtener una autorización temporal para residir y vivir en España mientras se resuelve de forma definitiva su expediente.

La ministra Elma Saiz ya había adelantado en una entrevista con Público que habían participado en el proceso de regularización más de un millón de personas migrantes. Los datos definitivos, a los que ha tenido acceso este medio, indican que el 67% de los solicitantes son personas procedentes de América Central y América del Sur.

Colombia encabeza la lista de países con mayor número de peticiones al concentrar el 26% del total, seguida de Marruecos (13,4%), Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%). Por territorios, Catalunya es la comunidad autónoma donde se han registrado más solicitudes, con más de 257.000, por delante de la Comunidad de Madrid (202.000), el País Valencià (167.000) y Andalucía (161.000).

Elma Saiz ha subrayado que la medida extraordinaria va a permitir que “cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”. “Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos”, ha celebrado la ministra en un mensaje remitido a los medios.

Antes del cierre del plazo el Gobierno calculaba que recibiría unas 750.000 peticiones y estimaba que alrededor de 500.000 podrían resolverse favorablemente, unas previsiones que han quedado ampliamente superadas.

Ahora, el Gobierno dispone de tres meses para resolver las solicitudes. No obstante, tras el planteamiento del Supremo de llevar a la justicia europea la regularización, el Ejecutivo ha asegurado que su objetivo es agilizar la tramitación para que las personas solicitantes reciban una respuesta “mucho antes” de que expire ese plazo. Fuentes gubernamentales insisten, además, en que todos los expedientes tendrán una resolución expresa, ya sea favorable o desfavorable, por lo que descartan el silencio administrativo.

El plazo de solicitudes se ha desarrollado desde el pasado 16 de abril hasta el martes, 30 de junio, entre demandas de los impulsores de la medida, algunas entidades sociales y partidos políticos como Sumar o Podemos de ampliar este periodo, al considerar que los obstáculos burocráticos dificultaban la tramitación y dejaban sin margen a muchas personas para completar el procedimiento.
La medida nace de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la plataforma Regularización Ya y que fue respaldada por la sociedad civil con más de 600.000 firmas. Aunque la ILP quedó bloqueada en la Cámara Baja por falta de acuerdo parlamentario, el procedimiento se aprobó en forma de real decreto tras un acuerdo entre el Gobierno y Podemos.

La solicitud de regularización estaba dirigida a todas las personas migrantes que estuvieran viviendo de forma irregular en España desde antes del pasado 1 de enero y llevasen al menos cinco meses residiendo en el país, así como todo aquel que hubiera solicitado asilo antes de la misma fecha, siempre que no tengan antecedentes penales.