El volumen de solicitudes registrado en el proceso extraordinario de regularización ha reavivado las advertencias de los sindicatos sobre la falta de medios en la Administración. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, había reclamado antes del inicio del procedimiento un refuerzo de plantillas en todos los organismos afectados para evitar situaciones de saturación en oficinas de extranjería, Seguridad Social, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, Correos y otros servicios implicados.

El procedimiento concluyó con «éxito», en palabras de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, pero muy lejos de las previsiones gubernamentales. Frente al escenario más probable de alrededor de 500.000 peticiones que manejaba el Gobierno, el balance provisional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones eleva la cifra a cerca de 1,2 millones. Para CSIF, ese desajuste confirma la necesidad de adoptar medidas urgentes para tramitar los expedientes pendientes y evitar que la carga recaiga sobre unas plantillas que ya arrastran déficits de personal.
El sindicato había advertido de esta situación antes del inicio del procedimiento, tras mantener reuniones con distintos departamentos ministeriales. Según explicó entonces, el Gobierno manejaba una horquilla de entre medio millón y un millón de solicitudes, pero no había aclarado qué refuerzos de plantilla se iban a aprobar ni si se recurriría a la participación de alguna empresa pública, como ha ocurrido en otros procesos. CSIF lamentó especialmente la posibilidad de que el Ejecutivo optara por externalizar parte del servicio público.

La organización sindical defendía que era imprescindible anticiparse al impacto del proceso, adoptar medidas organizativas y dotar a los servicios públicos de recursos suficientes. También reclamaba que se compensara el esfuerzo adicional de los empleados públicos implicados. En paralelo, CSIF vinculó esta situación a la negociación de la Oferta Pública de Empleo de este año, al considerar que la regularización exigirá personal no solo durante la fase inicial, sino también después, para gestionar renovaciones, subsidios y otros trámites administrativos en organismos ya deficitarios de plantilla, como el SEPE, la Seguridad Social, Política Territorial e Interior.
La tramitación se articuló en dos fases: una primera de recogida de solicitudes y documentación, y una segunda de tramitación y resolución de expedientes, centralizada en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Vigo. Según las primeras informaciones recabadas por CSIF, buena parte de las solicitudes presenciales se canalizarían a través de oficinas de Correos, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, oficinas de extranjería y determinadas oficinas de la Seguridad Social. También se habilitó la vía telemática, aunque el sindicato ya advertía de posibles dificultades para muchos solicitantes por problemas de identificación o por carecer de certificado digital.

El fuerte volumen de expedientes ha acentuado esas tensiones. Según CSIF, alrededor de medio centenar de funcionarios de la oficina de Vigo deberán afrontar la resolución de cerca de 1,2 millones de solicitudes presentadas en el proceso extraordinario. Ante esta situación, la Secretaría de Estado de Migraciones habría propuesto a Política Territorial la participación de personal funcionario de las oficinas de extranjería en la grabación de solicitudes que aún no han podido introducirse en la plataforma Mercurio.

El sindicato sostiene que se han solicitado voluntarios para realizar estas tareas fuera del horario laboral, con una retribución de 10 euros por expediente gestionado. La medida, no obstante, estaría pendiente del visto bueno del Ministerio de Hacienda por el gasto extraordinario que supondría. Esta fórmula se suma a otros mecanismos previstos durante el proceso, como la participación voluntaria de personal de la Seguridad Social, retribuida por horas, para labores de recepción, comprobación y escaneo de documentación.

Plantillas desbordadas
El impacto también se ha dejado notar en el Ministerio del Interior, donde CSIF advertía ya antes del 1 de abril de un aumento de la carga de trabajo en las oficinas encargadas de la expedición de documentación. La previsión del sindicato era que esa presión se agravara con el inicio formal del procedimiento, especialmente en los puntos de atención presencial y en las unidades que debían asumir tareas de comprobación, registro o apoyo administrativo.

A estas dificultades se añade la incertidumbre sobre la carga de trabajo futura. CSIF recuerda que, una vez concedidas las autorizaciones, los mismos servicios públicos deberán encargarse de renovaciones y trámites posteriores, lo que prolongará el efecto del proceso más allá del plazo inicial de presentación de solicitudes. El sindicato insiste además en que, por tratarse de expedientes con datos especialmente sensibles, la gestión debería permanecer bajo supervisión de personal funcionario.