El Gobierno y las comunidades autónomas no lograron ayer ningún acuerdo definitivo para la reubicación y financiación de los menores inmigrantes no acompañados en el marco del Consejo Superior de Inmigración. La solución definitiva exigida por la comunidad Canaria ante la saturación de sus centros de acogida habrá de esperar. «Todas las comunidades autónomas han mostrado su compromiso y su predisposición a solidarizarse con Canarias», explica Miguel Fábrega, responsable del Área de Menores de la ciudad autónoma de Ceuta, «pero el Gobierno ha presentado en el último momento un documento con dos alternativas que debe ser estudiado».

El documento al que alude Fábrega fue entregado a las comunidades autónomas al inicio de la reunión del Consejo de Gobierno y plantea dos posibles alternativas para solucionar el creciente problema que supone la acogida de menores no acompañados.

A partes iguales

La primera, explica el responsable ceutí de Menores, pasa por dejar las cosas tal y como están, de tal modo que la guarda y tutela de los inmigrantes menores de edad sin familia seguiría estando al cien por cien en manos de las comunidades autónomas. «Sería de tontos aceptar esta propuesta», afirma Fábrega recordando que es esta precisamente la situación que Canarias, Andalucía, Melilla y Ceuta piden que cambie. La segunda alternativa pasa por el compromiso del Estado de hacerse cargo del 50 por ciento de la guarda de los menores acogidos en los centros, es decir del gasto que supone su manutención y alojamiento, mientras que su tutela seguiría siendo responsabilidad de los gobiernos autonómicos.

«Nuevo efecto llamada»

En opinión de Miguel Fábrega esta segunda opción no satisface tampoco las necesidades de Ceuta. «El Estado debe hacerse cargo del cien por cien del gasto», exige el responsable de Menores alertando de que la medida puede suponer un «nuevo efecto llamada».

Desde el Área de Menores ceutí se duda de la efectividad de la propuesta del Estado. «No se trata sólo de plazas disponibles, sería sólo una solución a corto plazo», argumenta Fábrega, «se debe priorizar la reubicación de los menores y su reagrupación familiar, no debe actuarse a golpe de problemas, así se lo hemos transmitido al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera obteniendo la callada por respuesta».

Hace poco menos de un año, el pasado mes de noviembre, recuerda Fábrega, en el mismo marco institucional, el Consejo Superior de Inmigración, el Gobierno central anunció la creación de dos centros de menores en marruecos y la priorización de acuerdos para su repatriación. «Seguimos esperando a que sean una realidad», observa el director del Área de Menores de la ciudad autónoma de Ceuta.