Un total de

38.747 personas

solicitaron regularizar su situación administrativa en Galicia durante el

proceso extraordinario impulsado por el Gobierno central

, según los primeros datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La comunidad se sitúa entre las que registraron un mayor volumen de solicitudes en un procedimiento que, a nivel nacional, superó los 1,17 millones de expedientes.

Las cifras fueron presentadas por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, junto con la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, y el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, quienes insistieron en que se trata de una

“primera fotografía”

de un proceso que continúa en fase de tramitación.

Por provincias,

A Coruña lidera el número de solicitudes con 17.219

, seguida de Pontevedra, con 10.406. En Lugo se registraron 5.947 peticiones y en Ourense, 5.175.

Además, Cancela detalló que en Galicia se contabilizaron 14.269 citas para la tramitación de los expedientes y destacó especialmente el caso de Pontevedra, donde las entidades colaboradoras gestionaron el 19 % de las solicitudes presentadas.

En el conjunto de España, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informó de que se recibieron 1.174.978 solicitudes, de las cuales el 52 %, unas 608.000, ya se encuentran en proceso de tramitación. Asimismo, indicó que ya se han dictado 11.000 resoluciones definitivas, al tiempo que garantizó que todas las personas que presentaron su solicitud recibirán una resolución administrativa.

La ministra subrayó que el

elevado número de expedientes

evidencia la necesidad de este procedimiento extraordinario de regularización, cuyo plazo de presentación finalizó el pasado 30 de junio.

Reclaman ampliar el plazo

Coincidiendo con la difusión de estos datos, la

Rede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas

ha convocado para este jueves un Círculo do Silencio en la plaza de Cervantes, en Santiago de Compostela, una protesta que prevé repetir semanalmente.

La entidad reclama que se amplíe el plazo de regularización para que puedan acceder todas las personas que cumplen los requisitos y denuncia retrasos en la tramitación de los expedientes, especialmente en la emisión de las primeras resoluciones provisionales. También pide reforzar los recursos humanos y habilitar procedimientos extraordinarios

para aliviar el “colapso”

que, asegura, sufren las comisarías encargadas de estos trámites.