El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes deja en Gipuzkoa un total de 12.063 solicitudes, una cifra que, sin arrojar la fotografía exacta, se acerca mucho a la que ofrece la población extranjera en situación irregular del territorio. Se trata de un aluvión de trámites prácticamente sin parangón. El Estado no publica una estadística de ‘regularizaciones ordinarias’ como tal, por lo que es complejo establecer una comparativa con respecto a otros procesos, si bien especialistas en materia de extranjería coinciden en señalar que el volumen de solicitudes «es muy superior» al que suele gestionar una oficina provincial por la vía del arraigo en un año.

«Sin duda, es una cifra que sobrepasa ampliamente los procesos habituales de regularización», subraya Mikel Mazkiaran, abogado de SOS Racismo en Gipuzkoa. El donostiarra reconoce que ya desde un comienzo, cuando se supo que se iba a dar inicio a la campaña, en diferentes conversaciones con los propios integrantes de Aholku Sarea, la red de asistencia jurídica en materia de extranjería promovida por Gobierno Vasco, quedó acreditado que no había grandes certezas al cifrar al colectivo potencialmente beneficiado.

Era complejo saberlo por la propia dinámica de las condiciones de vida de este sector de población, abocado habitualmente al «trabajo negro» y la economía sumergida. Y lo cierto es que el resultado final, también en Euskadi, ha sobrepasado las previsiones. La estimación inicial de 26.000 solicitudes se ha quedado corta ante las 49.451 peticiones registradas al cierre del periodo de dos meses y medio habilitado desde que se inició la campaña. La cuarta parte de ellas –12.063– se han tramitado en Gipuzkoa, junto a otras 8.554 solicitudes en Álava y 28.834 en Bizkaia.

A escala estatal, ocurre otro tanto. El Gobierno esperaba en torno a medio millón de trámites y finalmente ha atendido 1.174.978, más del doble del cálculo inicial. «Son cifras mucho mayores de lo que puede suponer un proceso ordinario, pero se trata de algo lógico porque los requisitos en este caso han sido mucho menos restrictivos. No se ha pedido demostrar años de residencia, ni un contrato laboral, por ejemplo, como sí se hace en un proceso por arraigo de formación o socio – laboral. Todo ello ha contribuido a que haya podido acceder mucha más gente», incide Julia Shershneva, directora de Ikuspegi, el Observatorio Vasco de Inmigración.

La última regularización similar hasta la fecha fue la de 2005, durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. Entonces se concedió la residencia legal a 576.506 personas. Entre los requisitos se exigió entonces una autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena, y que un empresario firmara con el trabajador un contrato de trabajo.

En esta ocasión los requisitos han sido más laxos. Eso sí, quienes han presentado su solicitud lo han hecho en una carrera contrarreloj marcada por una franja temporal estricta: demostrar documentalmente que entraron en España antes del 1 de enero de 2026 y que acumulan al menos cinco meses consecutivos de estancia en el país. En este camino, ha servido el empadronamiento municipal o la simple disposición de una dirección fija. Esta exigencia ha conllevado, sin embargo, más problemas para los perfiles más desfavorecidos, como las personas en situación de calle o aquellas que chocan con la negativa de los arrendadores a empadronarlos. Ante ese contexto ha sido crucial la intervención de las oficinas de servicios sociales y de las asociaciones de apoyo al colectivo. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Donostia envió de oficio en un mes 5.000 empadronamientos a inmigrantes ‘sin papeles’.

Desde el cierre de las ventanillas, el martes a las 23.59 horas, la Administración se enfrenta a partir de ahora al mayor reto: dispone de un plazo legal de tres meses para resolver cada expediente, uno a uno. Se abre así un periodo de 90 días de nervios e incertidumbre para los que ansían regularizar su situación. Por el momento, de esos casi 1,2 millones de peticiones en el Estado, más de la mitad – un 51,9% – ya se está tramitando, según la información ofrecida por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz.

La mera admisión a trámite del expediente permite obtener una autorización provisional de un año para residir y trabajar mientras se resuelve el expediente. «Lo que nos preguntamos es qué va a pasar el año que viene con las renovaciones, porque va a tocar renovar a la vez una cantidad muy importante de expedientes concedidos ahora. ¿Estará preparada para afrontar ese reto la oficina de Extranjería de Gipuzkoa?», se pregunta Mazkiaran.