El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha asestado un duro golpe a uno de los grandes pilares de la agenda política de Donald Trump: su lucha contra la inmigración ilegal. El alto tribunal declaró inconstitucional, por seis votos contra tres, un decreto que denegaba la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense, amparándose en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución que pretendía modificar Trump para poner freno a los cruces ilegales en la frontera con México. Tanto Neil Gorsuch como Samuel Alito y Clarence Thomas, todos ellos conservadores, se han mostrado contrarios a la decisión de la mayoría.

El presidente del Supremo, John G. Roberts, ha afirmado en su conclusión que “la ciudadanía, tanto ayer como hoy, tenía derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Enmienda 14 extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’”. Y añadió: “Hoy cumplimos esa promesa”.

El fallo del Supremo entierra las aspiraciones de Trump de modificar un derecho que hubiera dejado en un limbo legal a más de 250.000 niños al año en Estados Unidos. Al quedarse sin nacionalidad de forma automática, el riesgo de apatridia habría sido real. El sistema estadounidense no contempla una categoría de “nacido en el país sin ciudadanía”, y muchos de esos menores habrían quedado a merced de legislaciones extranjeras de difícil o imposible acceso. La medida también afectaba a aquellos presentes en el país como turistas o como residentes temporales, con visados de trabajo u otra índole.

Las reacciones no se hicieron esperar. Robert Bonta, el fiscal general de California (el estado con más población indocumentada del país) ha indicado que la decisión “es un recordatorio de que, por más que él lo desee, Trump no es un rey”. Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha afirmado que “la ciudadanía por nacimiento es una garantía constitucional, pura y simple. El fallo de hoy preserva una promesa que ha definido a Estados Unidos durante generaciones y ha sido una piedra angular de la democracia estadounidense. La Constitución prevaleció. Todos hemos prevalecido”.

Ataques a Obama en 2011
Despojar de la ciudadanía a hijos de indocumentados era una de las grandes ambiciones de Trump, un sueño que comenzó con sus ataques a Barack Obama en 2011, al que acusó de no ser elegible para la Casa Blanca por haber nacido en Kenia, en una de sus mentiras racistas más recurrentes. Por eso no quiso esperar. El primer día de su segunda presidencia, el 20 de enero de 2025, firmó la Orden Ejecutiva 14160: negaba la ciudadanía automática a los nacidos en suelo estadounidense si ninguno de sus padres era ciudadano o residente permanente.

La medida nunca entró en vigor ya que los tribunales federales la bloquearon de inmediato, pero el litigio escaló hasta el Supremo. Trump rompió el protocolo presentándose en persona durante los alegatos en el Supremo. En total, pasó setenta y cinco minutos sentado frente a los jueces, algo que ningún presidente en funciones había hecho antes, una medida de presión que no ha dado resultado.

El argumento de la Administración se apoyaba en la cláusula “sujeto a la jurisdicción” de la enmienda, redactada en 1868. Washington sostenía que esa fórmula excluía a quienes residen de forma irregular o temporal. Era una apuesta de máximos: reabrir una cuestión que la jurisprudencia daba por cerrada desde 1898, con United States v. Wong Kim Ark. La Corte no se dejó convencer. Mantuvo la lectura amplia del ius soli, la misma que nació como respuesta directa al fallo Dred Scott y a la negación histórica de ciudadanía a los afroestadounidenses. Una amarga derrota para Trump.

Prohibición a los atletas transgénero
No ha sido la única decisión en el cierre del curso judicial en el Supremo. El tribunal confirmó, por 6 votos contra 3, que los estados pueden prohibir a los atletas transgénero competir en equipos deportivos femeninos de nivel escolar y universitario. La decisión, en los casos de West Virginia e Idaho, da por válidas las leyes estatales que reservan esas categorías a “mujeres biológicas”, entendidas como personas cuyo sexo asignado al nacer es femenino.

La opinión mayoritaria fue redactada por el juez Brett Kavanaugh, quien sostuvo que las normas estatales no violan ni la Constitución ni el Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación por sexo en programas educativos financiados con fondos públicos.

Además, en un tercer fallo, el Supremo ha dictaminado que los partidos políticos pueden gastar sin límite en coordinación directa con sus candidatos. La decisión anula los topes que la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA) imponía desde 1974, en plena era post-Watergate, a ese tipo de gasto coordinado.

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Las dos últimas son victorias para Trump, que en el balance del año judicial parece salir reforzado, aunque sea más una sensación que una realidad. Los golpes a su política migratoria, arancelaria y electoral han sido dolorosos y humillantes para el republicano. En febrero, el Alto Tribunal invalidó por 6-3 el uso que Trump hizo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer gravámenes globales, en la que muchos expertos calificaron como la derrota más importante de su segunda presidencia hasta ese momento. La sentencia, redactada también por Roberts, sostuvo que el poder de fijar aranceles pertenece al Congreso, no al Despacho Oval, y dejó en el aire el reembolso de más de 130.000 millones de dólares ya recaudados.

Después, el lunes el Supremo le cerró el camino a su ambición de bloquear el voto por correo en el que basó su campaña de mentiras sobre un robo electoral el de 2020 frente a Joe Biden que nunca se produjo y del que nunca ha podido generar prueba alguna. El tribunal ratificó las leyes estatales vigentes en Mississippi y al menos otros 18 estados y territorios, incluidos Nevada y California que permiten contar votos por correo recibidos hasta cinco días después del día de las elecciones, siempre que el sello sea anterior.