«Una fuente ‘extremadamente creíble’ ha llamado a mi oficina y me ha dicho que el certificado de nacimiento de Barack Obama es un fraude», decía en 2011 Donald Trump en la que entonces era la red social Twitter. El certificado de nacimiento del que fuera presidente no solo marcó la campaña electoral que acabó con su victoria, sino que fue uno de los detonantes para que Trump, tras la famosa cena de corresponsales de 2011 y la irónica intervención de Obama, fijara el ingreso en la Casa Blanca como su siguiente gran objetivo.

El martes, el Tribunal Supremo anuló el decreto presidencial mediante el que se pretendía poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, y recordó así a Trump las limitaciones de su poder ejecutivo. Firmado el primer día de su segundo mandato, el decreto pretendía negar la ciudadanía estadounidense a los menores nacidos de madres que estén en el país en situación irregular o con visados temporales, y cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes legales, lo que, de llevarse a cabo, podría afectar a unos 250.000 bebés nacidos en el país cada año.
Aunque con una de las composiciones más conservadoras en la reciente historia del órgano judicial, seis de los miembros de la Corte frente a tres consideraron ilegal la orden del mandatario, cinco de ellos alegando que viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, mientras que el sexto magistrado lo hizo por violar la ley federal y no así la Carta Magna.

Fueron dos de los jueces que votaron en contra los que marcaron el siguiente paso con el que la Casa Blanca tenía que intentar la aprobación del decreto: el Congreso. «Podemos compensarlo fácilmente en el Congreso mediante la legislación», escribió Trump en su plataforma Truth Social. El presidente de EEUU pretende que se redacte una nueva ley que fije excepciones a la ciudadanía por nacimiento para los niños cuyos padres no tengan estatus legal permanente en EEUU. Sin embargo, cualquier ley tendría que superar el bloqueo parlamentario de los 60 votos, que ha resultado ser a menudo insuperable para esta Administración. Algunos incluso han exigido una reforma de la Carta Magna y de la enmienda en cuestión.

Sí, pero Lejos de ser el «revés total» que muchos predican, la decisión del Tribunal Supremo no es sino una excepción en la ofensiva conjunta que está acometiendo junto a la Casa Blanca contra los migrantes. Sin ir más lejos, la mayoría conservadora ratificó el pasado jueves otros dos aspectos de la política migratoria de Trump.

Uno de ellos permite a la Administración acabar con la protección que concedió la residencia, por motivos humanitarios, a 350.000 haitianos y a unos 6.000 sirios, que ahora se exponen a ser expulsados.

La otra decisión acaba con la posibilidad de que los migrantes en situación irregular que llegan a la frontera con México se presenten ante las autoridades y sean escuchados para poder beneficiarse de asilo. A partir de ahora, su expulsión será inmediata.