La regularización extraordinaria de migrantes del Gobierno ha registrado un total de 1.170.000 solicitudes, según datos del Ministerio de Migraciones, más del doble de lo previsto ―en torno al medio millón―. El martes se cerraron las ventanillas de un proceso, cuya última cifra oficial estaba en las 900.000 recabadas a mediados de junio, de las cuales, 360.000 habían sido ya admitidas a trámite, lo que otorga un permiso provisional de trabajo y de residencia.

El Gobierno tiene tres meses para resolver después cada expediente, pero muchos de ellos ya han concluido con una aprobación definitiva, aunque se desconoce el número exacto y tampoco se sabe si hay casos rechazados. El Ministerio de Migraciones tiene previsto ofrecer este jueves más datos de este proceso que comenzó el 15 de abril y que ha superado con mucho el medio millón de inmigrantes previstos por el Ejecutivo cuando anunció que pretendía sacar a la luz el trabajo irregular que desempeñan en España, así como otorgarles los derechos a los que son acreedores.

La cifra, muy por encima de la que se barajó en un principio, se toma en el Ejecutivo como “un éxito”, palabras que vienen avaladas por el alto consenso social que ha alcanzado este proceso. Sindicatos y patronal tienen un solo discurso: la migración es necesaria en España en este momento. “Tenemos un problema de vacantes altísimo ahora y a futuro en muchos sectores. Necesitamos gente, y necesitamos gente preparada, por eso hay que hablar también de formación”, dijo este martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Los inmigrantes y refugiados que han pedido la regularización estaban ya en España, algunos de ellos por varios años, y la gran mayoría trabajaba en negro, por lo que se da por hecho que el 14% de las cotizaciones de extranjeros a la Seguridad Social que se registran en la actualidad se incrementarán sustancialmente. Pedro Sánchez lo ha interpretado también, a futuro, en términos que resultarían negativos de ganar la teoría de la expulsión de inmigrantes: En 2050, ha dicho, “España tendría un 19% menos de PIB, cerrarían 90.000 bares y 40.000 aulas escolares y desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas”.

Solo la oposición de derecha y ultraderecha se ha mostrado contraria a esta regularización extraordinaria que cuenta, además de con el apoyo sindical y patronal, con el respaldo de cientos de organizaciones civiles y el espaldarazo decisivo de la Iglesia católica, con Cáritas como su brazo humanitario y el reciente viaje del papa León XIV sellando el abrazo a los inmigrantes.